Una querella penal contra de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, fue interpuesta ante la Asamblea Nacional, por abogados del exmandatario Ricardo Martinelli, quien además reclama un resarcimiento económico de $20 millones.
La acción legal por el delito de abuso de autoridad fue presentada por el jurista Alejandro Pérez y se aduce que la presidenta de la Corte de Panamá está violando el Código Procesal Penal y la Convención Americana de Derechos Humanos, al dilatar injustificadamente una demanda de inconstitucionalidad interpuesta el 21 de agosto por la defensa de Martinelli,
La denuncia presentada por Alejandro Pérez, debe ser remitida a la Comisión de Credenciales para que se le dé el proceso requerido.
Por su parte, el abogado Ronier Ortiz pidió a la presidenta de la Comisión de Credenciales, Shirley Castañeda, que dé trámite a la querella, recordando que la Convención Americana de Derechos Humanos exige celeridad en los procesos judiciales.
La Comisión la integran además Nelson Jackson, Yessica Romero, Benicio Robinson, Jairo Salazar, Edwin Vergara, Alexandra Brenes, Luis Duke y Janine Prado Castaño.
De prosperar la querella se designa un fiscal y una Subcomisión de Garantías de tres diputados, que con el voto de dos puede adoptar decisiones sobre medidas contra la querellada.
El 13 de septiembre, el pleno de la Corte rechazó una Recusación interpuesta por la defensa de Martinelli, para separar a María Eugenia López del conocimiento de la demanda de inconstitucionalidad.
En círculos jurídicos y políticos ha llamado la atención que María Eugenia López sea la ponente en los procesos contra el exmandatario Martinelli, sus hijos diputados, contra el exmandatario Juan Carlos Varela y un hermano del canciller Javier Martínez Acha. Eso es demasiada coincidencia, comentaron figuras consultadas.
La violación a lo dispuesto en el Tratado de Extradición pactado en 1904 con EE.UU. motivó que abogados de Martinelli presentaran el 21 de agosto una demanda de inconstitucionalidad contra la sentencia del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales en el cuestionado caso New Business.
Según el abogado Carlos Eugenio Carrillo Gomila, la sentencia vulnera derechos fundamentales, los artículos 32 y 17 de la Constitución, así como el Principio de Especialidad derivado del tratado de extradición de 1904, el cual establece que Martinelli no podía ser acusado, enjuiciado ni castigado por delitos distintos a aquellos que motivaron su extradición en 2018, en relación con el caso conocido como "Pinchazos".
La a propia Corte Suprema de Justicia a través del magistrado de garantías Jerónimo Mejía, reconoció en audiencia del caso pinchazos del 6 de agosto de 2018, Ricardo Martinelli, estaba cubierto por el Principio de Especialidad.
