Por levantar su voz en defensa el medioambiente en Bocas del Toro, la señora Luz Laurence de León afirma haber recibido amenazas en la provincia de Bocas del Toro.
Y es que esta ciudadana presentó una denuncia en oposición contra un permiso de construcción otorgado en julio de 2023 para la edificación de una casa, cinco búngalos y una galera de botes, en isla Solarte, corregimiento de Bastimentos, distrito de Bocas del Toro.
Esto le ha generado múltiples problemas, entre ellos las amenazas. Es por eso que el pasado 27 de febrero, mediante la firma forense Mojica&Mojica se presentó una querella penal legítima contra el ingeniero municipal de Bocas del Toro, José Sánchez, por los delitos contra la administración pública en la modalidad de peculado por apropiación; abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos en la modalidad de abuso de cargo y por la omisión de actos públicos, delito contra el patrimonio económico en la modalidad de daños, entre otros aspectos tipificados en el Código Penal.
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Esta acción se hizo en la Fiscalía Ambiental en ciudad de Panamá con la esperanza de que se den las instrucciones pertinentes para que las autoridades actúen en Bocas del Toro.
Así las cosas, Laurence espera que una vez llegue este caso a mano de las autoridades en Bocas del Toro se le dé curso y se tomen cartas en el asunto.
Hasta el momento, de acuerdo con la denunciante no se ha hecho nada. Le preocupa que se sigan cometiendo daños en las playas, las áreas donde anidan las tortugas, entre otros.
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El abogado Benito Mojica indicó que una vez llegue el caso a Bocas del Toro se debe recibir una entrevista de certificación la querella presentada con la afectada y denunciante, mientras que la contraparte también debe notificarse de este proceso.
El letrado recalcó que detrás de esta acción vienen otras demandas con instituciones que se han mantenido ciegas, sordas y mudas ante las irregularidades planteadas y que son del conocimiento de los residentes en este sector del país. Entre ellas mencionó la Autoridad Marítima de Panamá, el Ministerio de Ambiente, pues se apropiaron de áreas protegidas.
Sostuvo que esta acción legal se sustenta en las repercusiones graves que han ocasionado a la flora y fauna marina.
