Una medida cautelar de protección solicitó ayer en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el presidente y director de Editora Panamá América (Epasa), S.A., Ricardo Chanis Correa.
Este recurso se basa en las constantes violaciones a los derechos humanos fundamentales debido a actuaciones arbitrarias llevadas a cabo por autoridades del Estado en contra de Chanis, Fernando Correa y Riccardo Francolini, en represalia directa por ideas y opiniones críticas hacia el Gobierno contenidas y expresadas en los diarios de Epasa.
El pasado 14 de octubre, mientras el presidente de Epasa asistía en representación de la empresa a la reunión semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa, el Ministerio Público emitió una orden de indagatoria y conducción en su contra, la que calificó como ilegal, arbitraria y abusiva.
Esta acción no fue suficiente y el lunes 17 de octubre, unidades de la policía irrumpieron en su residencia con la finalidad de capturarlo.
"Si el Estado logra su objetivo de capturar y someter a prisión al peticionario, los diarios que preside correrían el riesgo de cerrar y los panameños dejarían de recibir opiniones e ideas críticas de las actuaciones u omisiones irregulares de los actuales funcionarios", detalla el recurso presentado a la CIDH.
Chanis Correa indicó que el Gobierno ha amañado una acusación en su contra con el propósito de detenerlo en forma preventiva e ilegal, en violación de la presunción de su inocencia.
En el documento se advierte que la providencia de indagatoria girada por la Fiscalía Primera Anticorrupción para conducir a Chanis Correa se realizó en horas no laborables para evitar que sus abogados conocieran de su existencia.
Además, no fue citado en tres ocasiones, tal como obliga la ley, antes de ser conducido, y la orden se ejecutó a las 6:42 a.m. del lunes 17 de octubre para evitar que los abogados del afectado recurriesen de forma oportuna la orden de conducción haciendo uso de los recursos que permiten las leyes internas del Estado.
Chanis Correa solicitó a la CIDH que exija al Estado que se anule y deje sin efecto la providencia de indagatoria emitida por la fiscal Sterling por ilegal y violatoria de sus derechos humanos. Además, que se le permita su ingreso o salida del territorio panameño por la vía que sea y que pueda realizar sus trámites de migración de forma libre, voluntaria y sin la injerencia de las autoridades.
También, que toda actuación o diligencia judicial no tenga como finalidad ejercer algún tipo de presión o coacción, en abuso del poder, garantizándole su derecho a la libertad y seguridad, y que no sea sometido a detención o encarcelamientos arbitrarios.
En el escrito presentado al organismo hemisférico se hace mención a la conducción, indagatoria y detención del presidente de la Compañía Digital de Televisión -NEXtv-, Riccardo Francolini, sin citación previa y sin existir los presupuestos legales que justificaran su encarcelamiento. Francolini llega hoy a 37 días de permanecer detenido, negandósele una fianza de excarcelación, entre otros derechos.
