A diario, en las comunidades se dan dilemas entre los vecinos por disputas de terreno, servidumbre, linderos, mala disposición de la basura, entre otros, estos por lo general terminan siendo atendidos en una corregiduría o un juzgado.
En gastos en defensa legal, asesoría, documentación y demás incurren quienes mantienen estos conflictos judiciales, frente a esto optan por buscar la figura de los facilitadores judiciales.
El estudio de impacto económico de las víctimas en la resolución de conflictos, realizado en Centroamérica desde agosto 2015, da cuenta que dos de cada tres personas que buscaron ayuda donde un facilitador judicial no tuvieron gasto alguno. Mientras que mediante los juicios debieron gastar en promedio $2,169, si se descuenta un caso extremo de servidumbre, $1,363.
El escrito toma como referencia a 28 víctimas que acudieron a un facilitador gastando un acumulado de $209, comparado a 28 casos mediante un juicio que desembolsaron un acumulado de $60 mil 745.
Por cada un $1 que gasta quien busca un facilitador, en un proceso legal se están gastando $290.
Yesika Jaramillo, jueza segunda Municipal Civil, dijo que los facilitadores intervienen en procesos para que las partes no tengan que acudir hasta donde ellos para resolver un conflicto. Cuando se da un hecho de violencia no pueden fungir como mediadores, sino transferirlo a una autoridad competente.
Karen Quintero, asesora técnica departamental del programa de facilitadores judiciales de la Organización de los Estados Americanos, explicó que no solo orientan, además dan acompañamiento a instancias judiciales u otras entidades que requieran para resolver un pleito.
