El Ministerio Público (MP), a cargo de la procuradora Kenia Isolda Porcell tendría programado allanar, en los próximos días, al grupo editorial Epasa, que imprime los diarios Panamá América, Crítica y Día a Día.
De acuerdo con fuentes oficiales, el Ministerio Público habría programado este allanamiento utilizando a tres fiscales del interior del país: Diana Callender, de la provincia de Herrera; Edwin Juárez, de Veraguas; y Elizabeth Carrión, de Coclé.
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Las acciones contra los diarios del Grupo Epasa se dan en medio de una serie de reportajes en los cuales se ha cuestionado la gestión de la procuradora Porcell y su posible nexo con la llamada procuraduría paralela, utilizada como mecanismo de persecución política en el gobierno del expresidente Juan Carlos Varela.
Además, el pasado martes 17 de septiembre, el diario Panamá América reveló una serie de irregularidades en las que habría incurrido Porcell en su cargo de procuradora, al intentar salvar de una condena a unos clientes suyos (que atendió en su práctica profesional previa).
La nota dejó al descubierto que Porcell no se declaró impedida en un caso en el que los procesados eran antiguos clientes suyos, además de que ocultó este vínculo a la Corte Suprema de Justicia, demostrando no solo una supuesta deslealtad hacia el sistema, sino también confirmando su selectividad en la justicia.
El abogado Alfredo Vallarino, quien informó que presentará una denuncia en su contra el próximo lunes, explicó que Porcell pidió a la Corte que anulara una sentencia en un expediente que, según ella, y de manera independiente, había estudiado sin encontrar delito.
También se informó que el procurador de la Administración, Rigoberto González, reabrió una investigación que involucra a Porcell, tras las nuevas revelaciones que habría dado Rodrigo Tacla Durán, exabogado de la constructora brasileña Odebrecht.
González formalizó la sustentación para conocer dos declaraciones y una denuncia que hizo Tacla Durán, en una asistencia judicial ante autoridades de España.
Los periódicos del Grupo Epasa también divulgaron que desde 2016, el Ministerio Público utiliza un poderoso equipo tecnológico denominado Metabuscador, que tiene la capacidad de darle seguimiento a correos electrónicos, redes sociales, sociedades, cuentas bancarias y todo tipo de información que se le ingrese a su base de datos.
No es la primera vez que el Grupo Epasa se ve obligado a denunciar presiones desde el Ministerio Público contra la libertad de expresión de estos tres periódicos.
En junio de 2017, periodistas y colaboradores de Epasa salieron a la calle a protestar contra las acciones del Ministerio Público, llevando el caso ante organismos internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Panamá América pidió anoche información oficial al Ministerio Público sobre el tema y su vocero manifestó que no emitirían ningún comentario.
Ataque a la libertad de expresión
Para el catedrático y abogado constitucionalista, Miguel Antonio Bernal, si la diligencia judicial se da, sería un gravísimo atentado al derecho a la información y la libertad de expresión, y no le encuentra justificación alguna, lo que pondría en evidencia que estamos entrando en un estado policíaco, que busca cercenar la sagrada libertad de expresión.
Allanar un medio de comunicación no cabe dentro de los parámetros de un sistema democrático; hay que elevar la voz de repudio y alertar a todo el sistema internacional de esta pretensión de un Ministerio Público que ha perdido el norte, dijo de forma enfática Bernal.
Por su parte, el secretario general del Sindicato de Periodistas de Panamá, Filemón Medina, asegura que si este allanamiento es ante la eventualidad de las publicaciones que ha hecho el medio contra algunas de las acciones del Ministerio Público, estamos frente a una violación flagrante a todo derecho de la libertad de prensa, porque nadie puede ser juzgado por ejercer o defender una actividad que es legal en nuestro país.
Medina recordó que el Ministerio Público o el Estado tiene que apegarse al debido proceso y a la ley, cuando va a realizar una acción de allanamiento.
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La primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Zulay Rodríguez, consideró que con estas acciones, lo que pretende la procuradora Porcell es que en el país no haya libertad de expresión y seguir siendo una servil a los poderes económicos del país.
La diputada agregó que hay que llamar a la comunidad internacional y denunciar la persecución que Porcell tiene en contra de medios críticos a su gestión en el Ministerio Público.
