El ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, reiteró que el proyecto de Extinción de Dominio de Bienes Ilícito, no contempla dentro de sus normativas vulnerar el derecho a la propiedad privada, debidamente resguardado en la Carta Magna.
“El Estado no puede proteger un derecho que no fue obtenido de forma ilícita, ya que no se puede permitir ni convertir el Estado en un cómplice del malhabido”, dijo el Ministro Pino.
Las declaraciones del titular de Seguridad Pública se dieron en la apertura del taller nacional sobre los desafíos del Proyecto de Ley 625, que adopta la legislación de Extinción de Dominio de Bienes Ilícitos, organizado por el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) con el fin de que la sociedad civil aporte aspectos que contribuyan a fortalecer este proyecto.
También dijo que esta iniciativa no pretende ser un instrumento de persecución política, será un instrumento con dos connotaciones principales, la de contribuir con el debilitamiento del músculo financiero de las organizaciones criminales y la recuperación de los dineros y bienes de origen o destinación ilícita a favor del estado, destinados a obras sociales, programas de prevención, salud y educación.
El procurador general de la Nación, Javier Caraballo, durante su intervención señaló que es importante contar con una Ley de Extinción de Dominio, ya que sería una herramienta para la persecución de la delincuencia organizada.
Por su parte, la exjuez de extinción de dominio, Sara Salazar, afirmó que esta ley en Colombia ha funcionado por más de 20 años paralelamente al proceso penal.
El proyecto de Ley No. 625 sobre Extinción de Dominio de Bienes Ilícitos fue presentado por el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) ante la Asamblea Nacional, el 28 de abril de 2021, el cual es producto de un año de trabajo realizado por un equipo interinstitucional, conformado por el Órgano Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Los aportes consensuados durante dos días de la jornada serán presentados ante la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional.
