La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) de Panamá afirmó ayer que en el país se "garantiza el trato igualitario y el respeto a la seguridad jurídica de todas las empresas reguladas de electricidad, agua potable y telecomunicaciones".
El regulador se expresó así un día después de que Digicel Panamá solicitó su liquidación voluntaria ante la justicia civil a raíz de la fusión de Liberty Latin America LTD y Claro que, a juicio de la empresa fundada en Bermudas en el 2001, puso fin a la "libre competencia" en el mercado de las telecomunicaciones del país centroamericano.
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El administrador de la ASEP, Armando Fuentes, afirmó este jueves que el regulador está legalmente facultado para emitir directrices, normas y procedimientos de acción para que se cumpla el propósito de respetar los principios de trato igualitario para la distribución equitativa en la asignación de los recursos del espectro radioeléctrico, además de garantizar la continuidad del servicio.
Y que fue en base a la Ley 36 del 2018 que la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia y dicha autoridad (Acodeco) otorgó, en marzo pasado, "concepto favorable a la concentración entre" América Móvil SAB de C.V. en Panamá (Claro Panamá) y Liberty Latin América LTD, a través de su subsidiaria Cable & Wireless Panamá S.A. (CWP), "sujeto a condiciones que deben cumplirse".
Panamá, recordó la ASEP, se convirtió en uno de los últimos países en contar con telefonía celular tras realizar su primera comunicación por esta vía en 1996, y después de 26 años se calcula que hay en el país 6 millones de líneas activas, de las cuales 5,1 millones corresponden al servicio prepagado.
"Panamá ha sido modelo para la región en temas que agregan valor como lo ha sido la Portabilidad Numérica, la cual garantiza y estimula la libre competencia, al otorgarle el derecho a los usuarios de elegir la compañía que ofrece una mejor calidad de servicios y precios. Igualmente esta entidad facilita la inversión privada dentro del marco regulatorio", añadió el regulador.
Digicel Panamá, que acapara alrededor del 10 % del mercado, dijo el miércoles que la aprobación de la fusión de CWP y Claro sin considerar los remedios apropiados para los operadores restantes elimina la libre competencia y pone en desventaja a la empresa, en comparación con las reglas que existían cuando ingresó al mercado en 2008.
Agregó que el aval a la fusión representa un "conflicto de interés para el Gobierno, que actuó como juez y parte al permitir que las empresas fusionadas vayan a controlar el 56 % del mercado, con el Estado panameño teniendo el 49 % de participación en este nuevo operador dominante".
"No es sostenible para nosotros seguir invirtiendo en el mercado" de Panamá, dijo el presidente de Digicel Group, Denis O'Brien, que recalcó que la firma pagó 86 millones de dólares por la licencia de operación en 2008, y que desde entonces ha invertido más de 575 millones.
Digicel Panamá presentó en 2021 ante la Acodeco una oposición a la solicitud de aprobación de la operación de compra-venta entre Liberty y América Móvil, una transacción de 200 millones de dólares, con el argumento de era una supuesta "concentración económica ilegal" que la sacaría del mercado.
Claro opera en Panamá desde finales de 2008, y en el año fiscal 2020 tuvo ingresos por 157 millones de dólares, según reportes de la publicación especializada Business Wire publicados por el diario local La Prensa.
Cable & Wireless Panamá es una empresa mixta (el Estado cuenta con 49 % accionarial y los trabajadores con 2 %), cuyos aportes a la economía panameña "muy pronto van a superar los 9.000 millones de dólares", según datos de la empresa.
