El ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, reiteró durante un conversatorio con medios de comunicación que el Ejecutivo no retirará el proyecto de ley de extinción de dominio de bienes ilícitos.
Explicó que hace años atrás se realizaron varios intentos para la aprobación de esta ley que busca quitarle dinero y bienes de origen o destinación ilícita al crimen organizado. “Esto no está escrito en piedra, sentémonos y discutamos, vayamos a un consenso para la aprobación de esta ley”, precisó.
“Por ejemplo el dinero cobrado por la venta de cocaína o marihuana, las lanchas, autos, casas, apartamentos utilizados para el narcotráfico, las ganancias del tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas, el sicariato, el secuestro, la estafa y extorsión entre otras actividades ilícitas vinculadas a las organizaciones criminales”, indicó el ministro Pino.
De acuerdo con el titular de Seguridad Pública, con esta normativa se debilitaría el músculo financiero y la capacidad operativa de estos grupos criminales, así como su capacidad de expansión territorial y de reclutamiento de nuevos integrantes, señaló el ministro Juan Manuel Pino.
Por su parte, Jonathan Riggs, secretario general del Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), indicó que este proyecto busca resarcir el daño que la criminalidad causa a la sociedad panameña, ya que de ser aprobada la ley, el dinero y bienes recuperados serían utilizados para el financiamiento de programas de prevención de la violencia y la delincuencia, así como el fortalecimiento de las instituciones educativas, desarrollo social y deportivas, entre otras.
“Proponemos por ejemplo dirigir directamente los fondos obtenidos hacia el sector salud (Centros hospitalarios úblicos) y educación (construcción y reparación de escuelas, canchas deportivas, el mejoramiento de los espacios públicos y otros)”, explicó Riggs.
