Panamá recibió ayer un llamado "vehemente" de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que cumpla de "buena fe" con los estándares regionales para garantizar los derechos de la población sexualmente diversa y LGBTI.
El llamamiento fue lanzado por la Relatora país y sobre los Derechos de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (LGBTI) de la CIDH, Flavia Piovesan, en el marco de una audiencia sobre Matrimonio Igualitario en Panamá, realizada por solicitud de activistas panameños de la Fundación Iguales.
Los activistas presentaron ante la Comisión su reivindicación de derechos de personas de la diversidad sexual y al matrimonio entre personas del mismo sexo a través de diversos argumentos jurídicos, sociales y testimonios.
Iván Chanis, líder de la Fundación Iguales de Panamá, pidió la intercesión de la Comisión para que les ayude a impulsar una ley de no discriminación y a establecer una mesa de trabajo entre la CIDH, el Estado y los activistas de la sociedad civil.
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PANAMÁ DEBE IMPLEMENTAR LA OPINIÓN CONSULTIVA 24 DE LA CORTEIDH
Piovesan, como Relatora País y de derechos de personas LGBTI hizo un "llamado vehemente para que el Estado de Panamá, de buena fe, cumpla con los estándares interamericanos y sobre todo con la implementación de la Opinión Consultiva 24" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
La CorteIDH, en su opinión consultiva adoptada en 2017 y emitida en enero de 2018, urgió a los países de la región a garantizar los derechos humanos de la población sexualmente diversa, entre estos la unión de personas del mismo sexo.
En la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y en el Tribunal Electoral de Panamá (TE) están pendientes de fallo desde 2016, tres casos de matrimonios igualitarios en el exterior, dos de los cuales pretenden invalidar el Código de Familia y legalizar los matrimonios homosexuales.
De acuerdo con Piovesan, una de las prioridades de la Relatoría "es justamente hacer la difusión de los estándares interamericanos" para la protección y promoción de los derechos como parte de su mandato en la Comisión, en lo que dijo llevan un "paso a paso en su densificación".
La relatora, quien afirmó que la responsabilidad del Estado "es una (e) indivisible en el marco internacional", reconoció que en Panamá desde 2018 hay un marco jurídico antidiscriminatorio pero incompleto y con una ausencia de protección que genera "violaciones a derechos humanos".
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RELATORÍA OFRECE CAPACITACIÓN A PANAMÁ
En ese sentido, la comisionada exhortó al Ejecutivo panameño a tomar acciones en sectores claves como el del Registro Civil del TE, haciendo una capacitación de acuerdo con la Opinión Consultiva de la CorteDH "para garantizar la protección necesaria a la identidad de género y matrimonio igualitario, teniendo en cuenta la igualdad y la no discriminación", y se ofreció a dar asistencia técnica.
"Porque la verdadera capacitación de los registros civiles garantizaría el derecho a la protección a la identidad de género y el matrimonio igualitario, porque no hay cómo aceptar el rechazo al matrimonio igualitario, porque hubo una imposibilidad de registro, ahí hay una violación de la autoridad administrativa", remarcó la Relatora.
La embajadora de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y representante del Estado en la audiencia, María Roquebert, agradeció el ofrecimiento de asistencia técnica de la CIDH, a la que pidió que "envié el mecanismo (...) cuál sería el mecanismo de esta cooperación".
El presidente de la CIDH, Joel Hernández, apreció la aceptación de Panamá al ofrecimiento de la comisionada Piovesan y su Relatoría, y afirmó que puede "imaginar" que esta capacitación técnica sería impartida de forma virtual, como en esta audiencia, "para que se puedan acercar los estándares y entonces avanzar en la dirección que hoy la sociedad civil está exigiendo".
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OACNUDH PIDE A CORTE SUPREMA DE PANAMÁ GARANTIZAR LA IGUALDAD
En la audiencia participó el Representante Regional de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de América Central y República Dominicana -con sede en Panamá- Alberto Brunori.
Brunori animó a la Corte Suprema panameña "a fallar sobre este asunto a fin de garantizar la igualdad y no discriminación de todas las personas y, en particular, con lo resuelto por la CorteIDH" en su opinión consultiva.
El funcionario del organismo mundial enmarcó en ese contexto que "desde la Oficina de la Alta Comisionada queremos enfatizar que seguiremos apoyando los esfuerzos que garanticen los derechos humanos de las personas LGBTI".
