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Como un atentado contra la seguridad jurídica y el respeto a la libre empresa han calificado gremios del sector privado el cierre de algunas empresas en el país y el reciente caso de secuestro que se dio a la Central Azucarera La Victoria, en Santiago de Veraguas.
Ayer, empresarios se mostraron contrarios a las medidas impuestas por el presidente Juan Carlos Varela contra la empresa azucarera, competidora de Varela Hermanos S.A., de la cual es accionista el mandatario.
Elisa Suárez de Gómez, presidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), destacó que el hecho de que se secuestren y cierren empresas privadas en el país atenta directamente contra la seguridad jurídica y el libre ejercicio de las empresas; además, se afecta principalmente la mano de obra, al quedar cesante de sus labores y por lo cual dejará de percibir ingresos.
La persecución política del presidente de la República, Juan Carlos Varela, iría más allá de extender su control sobre las instituciones públicas y órganos del Estado, al ordenar la detención y aprehensión de bienes de sus adversarios empresariales.
Así lo expuso el expresidente de la República Ricardo Martinelli, en reacción al secuestro ordenado por la Dirección General de Ingresos (DGI) hacia los bienes, cuentas corrientes, depósitos y cuentas bancarias de la Central Azucarera La Victoria, S.A.
Ayer fue Campos de Pesé, la tanquería de gas, Barro Blanco, el hospital oncológico, locales de Tocumen, el próximo puede ser cualquiera de ustedes, expresó en Twitter el exmandatario.
El documento que ordena el secuestro fue presentado con base en una denuncia sobre la existencia de una presunta defraudación fiscal por parte del ingenio, al adquirir un número plural de fincas cuyos valores inscritos en el Registro Público distan de los que les fueron reconocidos en el Ministerio de Comercio e Industrias.
La Central Azucarero La Victoria, S.A. es el segundo ingenio más grande del país y opera en el distrito de Santiago, provincia de Veraguas.
