El desagrado y la molestia de la sociedad civil fueron puestos en evidencia por las más recientes noticias sobre las investigaciones relacionadas al caso de Odebrecht.
Bajo el ardiente sol, con pancartas en manos, megáfonos, pailas y sartenes, más de un centenar de personas se tomaron las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia CSJ en el Palacio de Justicia Gil Ponce para exigir a los administradores de la justicia panameña, cesar la impunidad y dar a conocer la realidad en las investigaciones de Odebrecht.
"Si Odebrecht no se va, Varela pagará, quién pagará, quién pagará; Varela, justicia, justicia", eran algunas de las frases que coreaban los presentes.
Mientras, solicitaban la renuncia y el traslado al 'calabozo' de los magistrados de la CSJ.
La diputada independiente, Ana Matilde Gómez, dijo que la conciencia nacional se está despertando, porque se ha llegado al límite y se está cansando de escuchar tantas excusas.
"Lo que no queremos como ciudadanos es la tiradera de culpa, se quiere que se cumpla con las responsabilidades y se saque adelante las investigaciones que revelarán lo que en realidad pasó", manifestó.
Por su parte, Magaly Castillo, de Alianza Ciudadana Pro Justicia, señaló que lo que está sucediendo es algo peligroso, no se quiere declarar el caso de Odebrecht como complejo. Esto no se puede aceptar, debe ser tratado como un crimen organizado a su máximo nivel.
El sistema judicial está completamente colapsado, necesita una renovación total urgente, se requiere la voluntad que debe existir en las autoridades, señaló Juan Diego Vásquez, estudiante universitario.
Esta situación, de la cual se oponen los manifestantes, saltó a la luz por la negación de una prórroga de dos meses, en las investigaciones de Odebrecht, por parte de la jueza duodécima de Circuito Penal del Primer Distrito Judicial de Panamá, Lania Batista.
La procuradora general de la nación, Kenia Porcell, en días pasados, anunció sobre el conocimiento del impedimento del Órgano Judicial para la continuación de las investigaciones del caso Odebrecht, lo que obligó al Ministerio Público a remitirla.
El Colegio Nacional de Abogados rechazó cualquier acción que pueda comprometer la autoridad constitucional.
Las Asociaciones Panameñas de Jueces y Magistradas del Órgano Judicial pidieron el respeto a las decisiones judiciales y separación de poderes.
