Todo indica que hasta ahora nadie le pone el cascabel al gato, pese a las múltiples quejas interpuestas en contra del Juez Primero Civil de Circuito de Chiriquí, Sergio Fernando González Herrera y su actuar en la mora que mantiene en diversos procesos que reposan en su despacho.
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El colegio provincial de abogados de Chiriquí , a través de su presidente Alcibiades González y el asesor de la Junta Directiva, Abel Fernández Bultrón, se pronunciaron ante las diversas sanciones que “aún están pendientes en el Tribunal Superior de Chiriquí, en contra del juez González.
El gremio alega que “a la fecha hay dos denuncias disciplinarias que están por resolver, de tres que circulaban en el Tribunal Superior”.
Además, indican que están a la “espera del Informe de Auditoría Judicial que se solicitó a ese despacho, desde hace varios meses y aún no hay resultados”.
Fernández Bultrón indicó que "es un secreto a voces las quejas, la insatisfacción de los abogados y usuarios que tramitan en ese despacho" situaciones que, según dijo se vienen presentando desde el 2005 y les han sido presentadas a los diferentes Presidentes de la Corte Suprema de Justicia. "Mire esa sanción de dos meses, es una burla y yo le hago un llamado serio a los Magistrados del Tribunal Superior, que tomen la decisión correcta contra este señor", concluyó Fernández Bultrón.
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El Colegio Provincial de Abogados de Chiriquí señala que “en una Auditoría Judicial sobre un expediente en particular, se ordenó ampliar la Auditoría Judicial en ese Juzgado y en esa ampliación surgieron más dudas; provocando que el auditor expresara en sus conclusiones que el Tribunal Superior de Chiriquí debía ordenar una Auditoría Judicial al 100% de los expedientes, debido a las inconsistencias que se habían detectado, las cuales según señalan son recurrentes y no se han tomado los correctivos correspondientes”.
Estos informes de noviembre y diciembre del año pasado, establecen que luego de un cotejo de 250 procesos que se mantienen en el juzgado con registros del inventario de expedientes y con el Sistema Automatizado de Gestión Judicial (SAGJ), además del examen de libros de entrada y salida, entre otros, se encontró que 32 expedientes no habían sido ingresados en la hoja de inventario y 2 de estos tenían más de 20 años de haber sido repartidos al juzgado.
Adicionalmente, 146 procesos no estaban actualizados; 14 sucesiones especiales tenían pendiente actuación de parte y se encontraron 26 expedientes activos que datan desde el año 1983.
