Llega la noche, en una esquina la luz de un poste deja entrever la silueta de una dama, viste tacones, falda corta y un escote que muestra sus atributos. Mira a lo lejos mientras camina de un lado a otro esperando por un cliente, alguien que quiera saciar sus ganas de sexo y pague por ello.
La tranquilidad de la noche puede verse vulnerada, las luces de un patrulla la alertan y trata de esconderse detrás de algún arbusto. Sabe que si un uniformado la ve quizás no logre correr con suerte y pierda su jornada retenida ante un juzgado nocturno, y es que a pesar de que el trabajo sexual no es un delito, ellas siguen denunciando ser víctimas de malos tratos.
Gladys Murillo, presidenta de la organización Mujeres con Dignidad y Derecho de Panamá (MDDP), asegura que en Panamá ha habido avances en los últimos años para reducir la violación de los derechos humanos a las trabajadoras sexuales. Admitió que han disminuido las detenciones arbitrarias y el cobro de coimas; sin embargo, sigue el maltrato físico y verbal tanto para las mujeres como para las chicas trans.
Se explicó que en 2008, luego de diversas acciones de la sociedad civil, fue derogado el artículo 12 que penalizaba la prostitución clandestina; sin embargo, no se define la legalidad o no del ejercicio, dejando un vacío legal en la aplicación de la norma, pues solo se derogó dicho artículo y no por completo el Decreto Ejecutivo 332 de 29 de julio de 2008 que despenaliza la prostitución clandestina. Esto quiere decir que no hay ninguna norma que establezca que el trabajo sexual es legal o no.
Y es precisamente eso lo que, según Murillo, busca el gremio que representa: regular el trabajo sexual, al punto de aspirar a un seguro social y gozar de una jubilación. "El trabajo sexual no está reglamentado y estar en ese vacío legal nos vuelve vulnerables de nuestros derechos". Sostiene que muchas veces al estar paradas en las esquinas son objetos de robos y demás, pero la Policía no les presta atención.
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Están trabajando en la conformación de un sindicato, en conversaciones con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y la Presidencia de la República para crearlo, esperan que antes de que acabe este gobierno, el presidente les dé la firma. Desde 2009 empezaron los trámites para lograr la personería jurídica, lográndola en 2016. También lograron abrir su cuenta bancaria. Explica Murillo que con dicho sindicato podrán, por ejemplo, asistir a los operativos en los locales.
Actualmente, MDDP se mantiene con fondos que reciben de algunas organizaciones como El Fondo Mundial, así como con los ahorros de sus integrantes. "Tenemos que hacer el trabajo con las uñas con nuestras compañeras".
El informe denominado El Trabajo Sexual y la Violencia Institucional: Vulneración de Derechos y Abuso del Poder, a cargo de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex) y Mujeres con Dignidad y Derecho de Panamá (MDDP), destaca que "en Panamá no existe ninguna norma en la que se indique literalmente que el trabajo sexual es ilegal. Sin embargo, el Código Penal (art. 180) sí contempla como delito el proxenetismo, estableciendo penas de cuatro a seis años de cárcel para quien la ejerza".
"La Policía en Panamá, y en el mundo, está para proteger y servir, sin embargo a veces los mismos policías vestidos de civil agarran y extorsionan a las compañeras. Las ponen a hacer el ejercicio y no les quieren pagar o les roban. Es peligroso hablarlo, pero es verdad", asegura la dirigente.
Asimismo, Venus Tejada, directora ejecutiva de la Asociación Panameña de Personas Trans (APPT), coincide en que ha mejorado un poco el trato hacia las trabajadoras sexuales, sin embargo hay uno que otro policía que sigue violentando sus derechos, le quitan los celulares aunque las retienen por menos tiempo. "Hay un grupo de policías que son transfóbicos y no permiten ni siquiera que ellas se paren (en las esquinas), pero cuando las detienen les quitan la plata y al ratito las sueltan y te dicen vaya a donde usted quiera".
Principales problemas que enfrentan
"La vulneración de los derechos es uno de los principales problemas que enfrentamos, porque muchas de nuestras compañeras optan por trabajar dentro de locales para no pasar malos ratos en las esquinas, sin embargo en esos locales tienen que dar un porcentaje de lo que recaudan. Hay una doble moral aquí en Panamá porque el trabajo sexual no es ilegal y el proxenetismo sí es penalizado, pero está tapado o camuflado por un lugar donde tú trabajas para mí y ya, pero detrás de esas paredes las compañeras tienen que compartir sus ganancias con sus patrones y no debería ser así".
Tampoco existe norma que regule que el ejercicio del trabajo sexual en el espacio público pueda ejercerse en zonas geográficas específicas. Según Murillo, cuando hacen los operativos en los locales, las autoridades no se preocupan de la situación de las compañeras dentro de los locales, ya sea si les proporcionan los preservativos necesarios por cada relación sexual (que deben ser tres), no se sabe si les cambian las sábanas, sino que se fijan por ejemplo, en que si el local está al día en el pago de impuestos o si la dama está legalmente en el país. "No estamos de acuerdo con que venga una persona ilegal y trabaje sin documentos, pero detrás de ellos hay un patrón".
Otro punto con el que las trabajadoras sexuales tampoco están de acuerdo es el carné de higiene social, porque aseguran que es una discriminación hacia ellas, ya que les ponen un día en específico para que acudan a los centros de salud. "Todo el mundo nos mira feo" y hubo un tiempo que cobraban multa si se atrasaban en el chequeo. Destaca Gladys que ese carné no las protege porque, en realidad,como trabajadoras sexuales se cuidan mucho y la prueba está en que no llegan ni al 1% en VIH. "Nuestras herramientas de trabajo nosotras las cuidamos".
Y otra vez hace énfasis en la doble moral, pues "si el carné de higiene social es para protegernos a nosotras, ¿por qué no se ponen en la puerta de los prostíbulos o las casas de citas cerradas a hacerle la prueba de VIH y cuanta cosa a los clientes?". Detalla que cada semana tienen que realizarse el llamado "frotis vaginal", o sea que se hacen 54 al año.
Las vuelven alcohólicas
Murillo pone especial preocupación en el alcoholismo en algunas compañeras y es que asegura que muchas, para generar más dinero, tienen que consumir licor, pues existe la modalidad de que estas deben aceptar tragos de los clientes, quienes obviamente pagan por ello y eso traerá repercusión en las mujeres. "Aquí de repente no lo vamos a sentir tanto porque la mayoría que trabaja en bares son extranjeras y cuando no funcionan las mandan para su país". Pero sí está sucediendo.
"Después de la droga, el negocio que más da dinero es el de trabajo sexual". Con esto, Gladys vuelve a hacer mención a los grandes en la industria del trabajo sexual, a los dueños de los centros que, asegura, muchas veces explotan a las compañeras, las discriminan porque muchas son indocumentadas y necesitan el trabajo.
Trans no consiguen trabajo con facilidad
Sobre la regulación del trabajo sexual, Tejada admitió que hay unas que sí lo desean, de hecho hay quienes ya pagan Seguro Social voluntario. Hay otras que quieren dejar el trabajo o tenerlo como un medio tiempo; sin embargo, el principal problema de las personas trans es que debido a que sus nombres (masculino) no coordinan con su identidad (femenina) les es muy difícil conseguir un trabajo, pudiendo ser esta una de las razones por las que optan por el trabajo sexual.
En la asociación están apoyándolas con el cambio de nombre a varias compañeras para luego hacer las gestiones para ver qué empresa o institución las puede contratar. "Estamos peleando por un trabajo digno, yo no te digo que el trabajo sexual no sea un trabajo digno siempre y cuando cumplan con todas las regulaciones, pero a las que no lo desean se les va a buscar un empleo de ocho horas".
La entrevistada responsabiliza al Estado sobre la falta de oportunidades de las personas trans, refiriéndose a que desde muy temprano, cuando inician el proceso de cambio de su identidad de género, las van sacando de los colegios y no se les da la oportunidad de tener estudios y, al no tener estudios, se dificulta tener más conocimiento y hasta cierto punto solo aprenden del trabajo sexual. "Lo que nosotras queremos primero que todo es el cambio de nombre o una ley de identidad de género, que es para que puedan además accesar a muchos empleos", afirma.
Minsa no flexibilizará los controles
Este medio conversó con el doctor Aurelio Rangel, director de la Región Metropolitana de Salud del Ministerio de Salud (Minsa), quien menciona que en los operativos que se realizan en los locales, lo primero que se solicita es la lista de las personas que laboran allí y verificar los carné de salud, pues este documento, en el caso de las trabajadoras sexuales, es lo que les permite a las autoridades de Salud saber si están acudiendo a los controles.
"Estos exámenes son importantes porque así evitamos todo tipo de enfermedad por contacto sexual. Si en algún momento encontramos a una trabajadora con alguna enfermedad, ese informe se debe llevar al lugar donde trabaja y debe salir del sistema mientras dure el tratamiento para que sea negativa la enfermedad". El médico sostiene que esto se hace a manera preventiva para evitar que más personas se infecten por contacto sexual.
A pesar de que las trabajadoras sexuales marcan un 1% en VIH, Rangel resalta que ese porcentaje, por bajo que sea -y que debería ser cero- puede infectar a muchas personas. "El porcentaje es bajo precisamente porque las mantenemos bajo control". La prueba de VIH es realizada mensualmente.
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Panamá tiene un alto índice de personas VIH positivos y lo que se busca teniendo el control de salud con quienes se dedican al negocio del sexo, es evitar más casos. Clamidia, pocos casos de sífilis y de VIH son algunas de las enfermedades de transmisión sexual que más se detectan en los controles.
"Nosotros no podemos tener control con los clientes, sería imposible. Ese es su trabajo y nosotros tenemos que tener controles con los que están trabajando o brindando el servicio y el carné es lo que permite identificar que nosotros estamos haciendo los controles y ellas están yendo". Recalca que las trabajadoras sexuales saben cuáles son las normas de salud y si no asisten a sus controles lógicamente van a ser sancionadas.
Sin embargo, el doctor admite que estos controles se les salen un poco de las manos con quienes trabajan en las calles y es por ello que hace un llamado a las diversas asociaciones para que aquellas personas que están deambulando ofreciendo sexo sin control, lo hagan. El mismo problema se da con las extranjeras, pues es difícil captarlas.
En busca de tener ese control de salud, cada jueves en la Clínica Amigable, ubicada en el corregimiento de Santa Ana, se brinda atención a todos los trabajadores del sexo que no estén registrados en los locales, incluyendo a las personas trans. Además, los sábados, con apoyo de una universidad de Guatemala, también se les brinda la atención. Otros centros de salud como el de Río Abajo y Pueblo Nuevo también les brindan la atención de salud.
Referente al punto de que esté designado un día de la semana específico para la atención a esta población, Rangel menciona que eso se da porque ese día los laboratoristas, médicos, psicólogos y especialistas se dedican exclusivamente a ellas.
Informes del Minsa proporcionados a día a día detallan que en el Centro de Salud de Pueblo Nuevo se atienden por semana entre 67 y 70 trabajadoras sexuales. En tanto, que el Departamento de Registros y Estadísticas del Centro de Salud Emiliano Ponce, ubicado en el corregimiento de Calidonia, destaca que un aproximado de 100 mujeres participan del programa de Higiene Social.
Defensoría aboga por la sensibilización
Según Jennifer Delgado, directora de Protección de los Derechos de las Mujeres de la Defensoría del Pueblo, en la institución actualmente tienen en trámite cuatro expedientes relacionados con situaciones presentadas por trabajadoras sexuales.
La institución en conjunto con la organización Mujeres con Dignidad y Derecho de Panamá (MDDP) convocó a una reunión de alto nivel, el pasado 25 de febrero de 2019, con el personal encargado de las subestaciones de la Policía Nacional en Calidonia (Antigua Migración), San Miguel, Santa Ana, El Chorrillo, San Felipe, Bella Vista; así como de la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP) y de la Oficina de Género.
En la reunión participó Elena Reynaga, secretaria ejecutiva de la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y El Caribe (RedTraSex), quien presentó un informe sobre violencia institucional y compartió las buenas prácticas en materia de sensibilización con personal uniformado a lo largo de la región.
Delgado detalla que la sesión concluyó con el compromiso por parte de la Policía Nacional de iniciar un trabajo en coordinación con la Defensoría del Pueblo y las organizaciones presentes, para sensibilizar y capacitar al personal de esa entidad.
El 9 de mayo de 2019 se sostuvo una reunión de coordinación con MDDP para elaborar la propuesta y cronograma de trabajo para presentar a la Policía Nacional y dar inicio al proceso.
Policía insta a poner denuncias de agresión
Este medio contactó a la Policía Nacional y cuestionó sobre las denuncias de las que dicen ser víctimas las trabajadoras sexuales; voceros aseguran que hubo acercamiento con ellas para tratar el tema de la violación de sus derechos e instan a que si alguna tiene casos de agresión, lo más recomendable es que se acerquen a la sede de la Dirección de Responsabilidad Profesional para presentar las denuncias correspondientes.
