Los casos de corrupción, escándalos y señalamientos que se destapan regularmente nos mantienen en un ciclo vicioso destructivo y nos confirman que la transparencia, la rendición de cuentas y el Estado de Derecho están lejos del ideal de un sistema democrático. Así lo sostiene el informe dominical que comparte la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP).
Entre tantas acciones que se requieren para frenar este descalabro moral y económico, la CCIAP promueve que el país, como miembro de la Alianza para el Gobierno Abierto, cumpla con los compromisos adquiridos, ante la comunidad internacional, a través del IV Plan de Acción Nacional para el Gobierno Abierto.
De especial relevancia es transicionar al modelo de Presupuesto Abierto, en el cual el Estado Panameño, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se comprometió a incorporar mejores prácticas a la hora de preparar y evaluar la gestión presupuestaria. Estas prácticas incluyen, entre otras, buscar vías para permitir la participación ciudadana en la elaboración del presupuesto, publicar un presupuesto para los ciudadanos y realizar una revisión de medio año del presupuesto en ejecución. Todo esto, para 2023.
Como gremio, en enero pasado anunciamos que asignaríamos personal especializado con el fin de dar seguimiento a la formulación y ejecución de los presupuestos gubernamentales; así como al uso de los fondos. De igual manera, estamos dando seguimiento y apoyando el trabajo que viene realizando la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana – Capítulo Panameño de Transparencia Internacional- para avanzar en la agenda de presupuestos abiertos con el fin de transparentar el proceso y mejorar la rendición de cuentas.
Los ciudadanos están cansados y decepcionados de ver cómo se desarrollan y distribuyen los presupuestos del Estado, siempre con criterios políticos, que no responden a las necesidades de inversión y desarrollo nacional. Resulta inmoral y frustrante ver cómo las entidades del Estado inflan planillas sin explicación alguna en tanto dejan de lado la inversión pública. Esto es caldo de cultivo para el atraso de un país que ni siquiera ha logrado llevar servicios básicos de calidad a todos sus ciudadanos.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 promueve sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible. Entre sus metas para lograr este objetivo están: garantizar el acceso público a la información; proteger las libertades fundamentales, promover el Estado de Derecho; reducir la corrupción y el soborno en todas sus formas; crear instituciones públicas eficaces y transparentes que rindan cuentas; y garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades del país. Y es que, si no logramos alcanzar este objetivo, difícilmente podremos alcanzar los demás, porque los recursos y voluntades tanto políticas como sociales no estarán disponibles para ello.
Panamá está sumida en el oscuro abismo de las prebendas y los dañinos esquemas del clientelismo político. Los ciudadanos tenemos el deber de pagar impuestos y respetar la ley. Pero asimismo tenemos el derecho a exigir a quienes nos gobiernan, que respeten los compromisos adquiridos para dotar a Panamá de un Gobierno Abierto.
