La justicia panameña fijó hoy para el próximo agosto la celebración de la audiencia preliminar a cuatro imputados por realizar escuchas ilegales en la administración del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), informó una fuente judicial.
Entre los que deberán comparecer al juzgado decimosexto de Circuito Penal, que fijo la audiencia para el 17, 18, 19 y 20 de agosto próximo, están los exdirectores del Consejo de Seguridad de Panamá Gustavo Pérez y Alejandro Garúz, ambos detenidos desde enero pasado, indicó en un comunicado la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
También fueron citados Ronny Ramiro Rodríguez Mendoza y William Pitti Navarro, ex funcionarios del Consejo de Seguridad, quienes se encuentran con paradero desconocido.
La audiencia se enmarca en el proceso seguido de oficio a los cuatro exfuncionarios por la supuesta comisión del delito contra la libertad en la modalidad de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, señaló la Corte Suprema.
El tribunal estableció como fecha alterna de audiencia el 21, 22, 23 y 24 de septiembre de 2015.
La máxima corporación de justicia informó, por otro lado, que el juzgado de circuito penal no admitió una solicitud de fianza de excarcelación presentada a favor Pérez y Garuz.
Según la resolución emitida por el juzgado penal, por el momento "no es procedente otorgar la solicitud de excarcelación, pues la situación jurídico penal no lo recomienda, ya que se hace necesario asegurar la comparecencia de los encartados al proceso".
El 13 de febrero pasado, la Corte Suprema de Justicia declaró legal la detención de Pérez y Garuz al rechazar un habeas corpus presentado por sus abogados.
El Supremo señaló en ese fallo de febrero pasado que en el caso de Pérez se cuenta con "suficientes elementos probatorios" que "demuestran o acreditan" que desde 2012 y principios de 2014 "se realizaba una labor de intercepción de teléfonos y correos electrónicos" en el edificio conocido como 150 dentro de las instalaciones del Consejo de Seguridad.
Por esa razón, el pleno de la Corte determinó que Pérez "debe mantenerse detenido, pues vulneró ese derecho a la intimidad de los afectados".
El Ministerio Público ha informado de que al menos unas 150 personas fueron víctimas de intervenciones telefónicas y digitales efectuadas en el Consejo de Seguridad, entre ellos, miembros de los partidos políticos, del Colegio Nacional de Abogados, dirigentes sindicales, periodistas y de otros gremios, así como empresarios.
La investigación por escuchas ilegales durante la pasada Administración está a cargo fiscal adjunto para el Crimen Organizado a Ricardo Augusto Muñoz Domínguez, quien fue designado en febrero pasado por el Ministerio Público de Panamá.
