Un juez de garantías en la provincia de Chiriquí impuso como medida cautelar la detención provisional a un sujeto de 26 años, presuntamente por el delito Contra el Patrimonio Económico, en la modalidad de Robo Agravado tipo acarreos, mientras que una segunda persona no se le aplicó ningún tipo de medida cautelar quedando en libertad.
Durante la audiencia la jueza Irina González, luego de escuchar los argumentos de las partes intervinientes, legalizó la aprehensión, dio por presentada la formulación de imputación de cargos hecha por el Ministerio Público, y basó su decisión de aplicar la medida cautelar señalada, al considerarla necesaria y proporcional a la naturaleza del hecho; aunado a los riesgos procesales de peligro para la comunidad. En tanto, al imputado que no se le aplicó medida cautelar, el juzgador consideró que no existe vinculación en el hecho.
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En esta audiencia de control de garantías, el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal, Luis Calvo; mientras que por la defensa de los imputados participaron los defensores públicos, Luis Corro e Iracema Martínez.
Antes de concluir el acto, el Ministerio Público anunció recurso de apelación contra la no aplicación de una medida cautelar personal a uno de los aprehendidos, por lo que se agendó la audiencia para el próximo 8 de marzo de 2022, a las 10:30 de la mañana, ante el Tribunal Superior de Apelaciones de la provincia de Chiriquí.
Este caso inició su investigación el pasado 26 de enero de 2022, en el distrito de Bugaba, corregimiento de Gariché, provincia de Chiriquí cuando presuntamente estos sujetos cometieron el delito de robo al solicitarle a una persona el servicio de acarreo, para despojarlo de su vehículo.
Durante un operativo en la provincia de Chiriquí denominado "Acarreo F1" se dio con la captura de estas dos personas presuntos involucrados en este delito.
Una vez finalizada la audiencia el sujeto a quien se le ordenó la detención preventiva fue enviado a un centro penal en la provincia de Chiriquí.
Se otorgó al Ministerio Público un plazo de seis meses para que se desarrolle la investigaciones.
