El presidente panameño, Juan Carlos Varela, condenó hoy el castigo al que fueron sometidos varios líderes indígenas por su propia comunidad y apeló a la racionalidad.
"No me gustaron las actuaciones del presidente del Congreso, pero tampoco la imagen que vi en las redes. Son sus tradiciones, pero en la democracia en que vivimos hay formas de hacer las cosas sin utilizar esos métodos", dijo el mandatario en declaraciones a periodistas.
El presidente del Congreso Tradicional de la comarca Ngäbe Buglé, Demecio Cases, y el funcionario Rogelio Moreno fueron inmovilizados recientemente con un cepo y acusados por sus vecinos de haber firmado un contrato con una empresa china sin hacer las consultas populares pertinentes.
El cepo, un instrumento de tortura centenario y común en la actualidad en algunas etnias indígenas, consiste en un tronco de madera que se usa para inmovilizar pies y manos.
Según los medios locales, el documento firmado por las autoridades da vía libre a la compañía china para desarrollar todo tipo de infraestructuras, como carreteras e hidroeléctricas, sin necesidad de consultarlo previamente con la comunidad, algo que es obligatorio de acuerdo a la ley de esta comarca indígena que tiene cierta autonomía jurídica y política desde 1997 y en la que viven más de 150.000 personas.
El mandatario dijo así mismo que espera que "prevalezca la razón" y pidió a los involucrados en el escándalo que actúen "en beneficio de la sociedad".
"Eso no es Panamá", afirmó Varela unas horas antes de que el Ministerio Público anunciase el inicio de una investigación sobre lo ocurrido.
Los hechos se hicieron públicos este jueves después de que un vídeo en el que se ve a Cases inmovilizado y rodeado de vecinos se hiciese viral en las redes sociales y generase rechazo entre la población.
En Panamá, existen cerca de 400.000 indígenas (11 % de la población), que se agrupan en 7 etnias principales: Emberá, Wounaán, Kuna, Ngäbe, Buglé, Naso y Bri-Bri.
