El presidente panameño, Juan Carlos Varela, dijo ayer 4 de agosto, que el país concederá asilo político a cualquiera que defienda la democracia en Venezuela y sea perseguido.
El Gobierno, en defensa de la democracia, le va a dar asilo político a cualquier persona que defienda la democracia en Venezuela o en otro lugar del mundo, indicó el mandatario en declaraciones a los medios.
Precisamente, este viernes Panamá concedió protección internacional a dos magistrados venezolanos que acudieron a la residencia del embajador en Caracas ante el riesgo de ser detenidos.
Se trata del magistrado suplente y abogado de la Fiscal General de Venezuela, Gustavo Sosa Izaguirre, y del magistrado suplente de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, Manuel Antonio Espinoza Melet.
Panamá es un país que respeta la democracia, es un país al servicio del mundo y nosotros seguiremos con estos principios en nuestro país y en todas nuestras embajadas, aseguró Varela.
Preguntado sobre la posibilidad de que este anuncio afecte las relaciones entre ambos países, el presidente panameño dijo que a nosotros nos toca hacer lo correcto y, si eso altera o no, ya cada uno toma su decisión.
Al principio de la crisis venezolana, el Gobierno de Panamá se mostró dialogante y apostó por el entendimiento, pero en los últimos días ha endurecido su discurso y ha expresado su total rechazo a las elecciones del pasado domingo para una Asamblea Constituyente en Venezuela, cuyo resultado no reconoce.
La vicepresidenta y canciller panameña, Isabel De Saint Malo, indicó esta semana que el país centroamericano no descarta retirar a su embajador en Caracas.
El pasado 21 de julio, la oposición venezolana aprobó las designaciones de nuevos magistrados, semanas después de que la fiscal general, Luisa Ortega, impugnara sin éxito los nombramientos de 33 jueces que ahora ocupan los sillones del Supremo por presuntas irregularidades en su proceso de elección.
Estos jueces en ejercicio fueron designados por el Parlamento, cuando este era de mayoría chavista, en un proceso relámpago completado en unos días, justo después de la victoria opositora en los comicios legislativos de 2015.
El Supremo no reconoció los nombramientos y advirtió a los 33 magistrados que estaban incurriendo en delitos de traición a la patria.
