Una mujer fue detenida ayer por unidades de la Policía Nacional PN, luego de que roció a su pareja con combustible, e incendió la casa con la presunta intención de asesinarlo, en el distrito de San Miguelito.
Se conoció que el hombre salió semidesnudo a pedir auxilio, y con graves quemaduras, mientras que los vecinos lo auxiliaron y lo llevaron al Hospital San Miguel Arcángel, donde se encuentra delicado. No se conocen más detalles del caso.
Así como este, hay muchos otros casos de violencia que se viven en los hogares panameños, razón por la que las autoridades hacen un llamado a la paz entre las familias.
Para abordar estos temas, especialmente sobre la violencia contra la mujer, que se da en su mayoría, el Instituto Nacional de la Mujer Inamu realizó la II reunión ordinaria del Comité Nacional contra la Violencia en las Mujeres, en la que se expresó la preocupación por los acuerdos de pena en casos de violencia de género en el Sistema Penal Acusatorio SPA.
Liriola Leoteau, directora del Inamu, dijo que el SPA no está dando resultados en los delitos contra las mujeres, pues no es una buena garantía para las afectadas.
Peor aún, a juicio de la abogada Mónica González, los acuerdos de pena se están llevando a cabo sin conocimiento y participación de la víctima.
Viendo esta situación, la diputada del Partido Revolucionario Democrático PRD Athenas Athanasiadis presentó en días pasados un anteproyecto de ley que modifica el artículo 220 del Código Procesal Penal sobre acuerdos de penas en caso de delitos sexuales contra menores de edad.
Según la diputada, esto debido a que se permite que se realicen acuerdos en todo tipo de delitos, sin ninguna excepción, causando un gran daño a la familia.
El proyecto dice que en los casos por delitos contra la libertad e integridad sexual, cuando la víctima sea una persona menor de edad o con discapacidad, no podrá haber acuerdos de pena entre el Ministerio Público y el imputado, según la modificación presentada, explicó la diputada.
En febrero de este año, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, sancionó el proyecto de Ley 245 que permitía al Ministerio Público y al imputado en compañía de su defensor realizar acuerdos de penas.
Hasta junio de 2017 se han dado 1,247 delitos contra el Orden Jurídico Familiar y El Estado Civil, según el Ministerio Público.
