Notificación los 15 y 30 de cada mes, prohibición de salida del territorio nacional, prohibición de acercarse a la sede del Senniaf y la suspensión del cargo como trabajadora social, para evitar el riesgo de alteración de pruebas, fue lo que se le decretó a una funcionaria de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), a quien se le imputó cargos por el delito de maltrato al niño, la niña y el adolescente.
El Ministerio Público, representado por los fiscales María Moreira y Rubén Garibaldi, había solicitado la detención provisional de la imputada.
En la audiencia realizada hoy, se reveló que la investigación inicia el 18 de septiembre de 2020, cuando se indica que menores de edad, fueron trasladados a un centro de rehabilitación de adultos denominado Vida Libre, ubicado en Las Garzas de Pacora.
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Los hechos por los cuales se señala a la funcionaria se dieron con el ingreso de un menor de edad el 9 de mayo de 2020, al Centro de Rehabilitación Vida Libre, el cual no estaba destinado para menores de edad.
La trabajadora social del SENNIAF, encargada del enlace para la remisión de los menores de edad había recibido recomendaciones de un dirigente religioso que le había advertido que ese recinto no era apto para menores de edad.
Este menor y otro adolescente albergado en iguales condiciones realizaron señalamientos en relación a atentados que sufrieron en ese centro como abuso sexual por parte de personas que se encontraban en este lugar, por lo cual el Ministerio Público mantiene otra investigación por delito sexual donde hay un hombre imputado y bajo detención provisional.
Ayer, otro exfuncionario de Senniaf fue imputado con los mismos cargos por el mismo caso.
