Amnistía Internacional (AI) denuncia la falta de transparencia e imparcialidad en el indulto al expresidente peruano Alberto Fujimori, condenado en 2008 a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, en su informe anual sobre protección de derechos en el mundo publicado hoy.
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La organización dice que la gracia que el actual mandatario, Pedro Pablo Kuczynski, otorgó en Nochebuena a Fujimori presentó importantes deficiencias en el proceso y causa honda preocupación por la impunidad que supone para los graves delitos de su condena.
También advierte de que la decisión se tomó sin consultar a los familiares de los veinticinco asesinados y desaparecidos en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetradas por el grupo militar encubierto Colina, y por los que Fujimori fue condenado a 25 años de prisión como autor mediato (con dominio del hecho).
El indulto eximió a Fujimori, de 79 años, de cumplir en prisión los últimos once años de su condena, que purgaba en una cárcel construida expresamente para albergarlo, con una celda unipersonal con distintos ambientes, régimen libre de visitas y atención médica permanente.
Fujimori tiene 79 años de edad
El Gobierno argumentó razones humanitarias para perdonar la pena al expresidente por su estado de salud, al supuestamente padecer una enfermedad grave, no terminal y degenerativa que presuntamente se agudizaba en prisión, pero la resolución no la especificaba y nombraba algunos males crónicos que sufre como fibrilación auricular paroxística.
Sin embargo, el indulto fue considerado por gran parte de la opinión pública como político al otorgarse en Nochebuena, tres días después de que Kuczynski se salvara de ser destituido del Congreso gracias a la abstención de diez congresistas fujimoristas liderados por Kenji Fujimori, hijo menor del expresidente, quien le había pedido liberar a su padre.
Kuczynski otorgó indulto a Fujimori
Amnistía Internacional también lamenta que Perú, considerado el tercer país del mundo con mayor porcentaje de violaciones, continúe un año más con altos índices de violencia sexual y feminicidios, al haber contabilizado más de 17.000 denuncias por violaciones y 94 asesinatos de mujeres entre enero y septiembre de 2017.
La organización critica que el Congreso, controlado por el fujimorismo, derogara parcialmente una ley que elevaba las penas para los crímenes de odio, al establecer la orientación sexual y la identidad de género de la víctima como agravantes en ciertos delitos.
AI también alerta que este año no hubo progresos significativos en la investigación por la muerte de cuatro líderes indígenas de la etnia asháninka, entre ellos el activista medioambiental Edwin Chota, asesinados en 2014 presuntamente por madereros ilegales a los que habían denunciado por talar árboles en sus tierras.
