El Gobierno dominicano puso en vigencia ayer, a pesar de los reclamos de diversos grupos de derechos humanos, un plan para regularizar a las miles de personas que perderán la nacionalidad debido a un fallo del Tribunal Constitucional.
El decreto establece un plazo de 18 meses para que los extranjeros que radican en República Dominicana sin permiso migratorio, incluidos los descendientes de inmigrantes a quienes les será anulada la nacionalidad, se regularicen. Durante los primeros meses, el Gobierno creará la infraestructura para comenzar a recibir las solicitudes y procesarlas a partir de junio próximo.
Miles de personas perderán la nacionalidad dominicana, luego de que el Tribunal Constitucional consideró el 23 de septiembre pasado, al fallar el caso particular de una mujer de ascendencia haitiana, que desde 1929 la constitución vigente en ese momento establecía que los trabajadores inmigrantes sin permiso de residencia son extranjeros en tránsito y sus hijos nacidos en el país no son dominicanos.
La Junta Central Electoral, que administra el Registro Civil, aseguró que según un muestreo de 1966 a la fecha, en ese periodo solo unas 24,000 personas serán afectadas.
