La legislación del 2002 que legalizó la prostitución otorgó a las sexoservidoras beneficios sociales, pero condujo a una explosión de prostíbulos no regulados, lo que provocó solicitudes para un mayor control.
El proyecto aprobado el miércoles, que requiere aprobación parlamentaria, dispone una regulación más estricta de dichos establecimientos y de sus operadores. Las trabajadoras sexuales deberán registrarse y recibir asesoría de salud al menos cada dos años.
Los negocios donde trabajen requerirán un permiso oficial que dependa de lo que el gobierno considere confiabilidad del operador. El permiso no será otorgado a personas que hayan sido condenadas por delitos como contrabando humano, chantaje o fraude.
Los operadores tendrán prohibido dar órdenes a las trabajadoras sexuales sobre la naturaleza y escala de los servicios sexuales.
La ley dispone multas de hasta 50.000 euros (56.000 dólares) para las trasgresiones. Debe entrar en vigencia en julio del 2017, una demora que según el gobierno da tiempo a las autoridades locales para poner en práctica sus disposiciones.
El objetivo del proyecto de ley es mejorar la situación de las prostitutas y mejorar su protección contra la explotación, la violencia y el tráfico humano, dijo el vocero del gobierno Steffen Seibert.
Sin embargo, un sindicato que representa a los policías dijo que es irracional suponer que alguien confirmará si los clientes de un prostíbulo usan condones.
Cornelia Moehring, legisladora prominente del opositor Partido de la Izquierda, dijo que muchas trabajadoras sexuales se resisten a registrarse debido al temor del estigma social, de modo que seguirán trabajando ilegalmente y perderán toda protección.
El uso obligatorio de condones no puede ser verificado y es una mera ilusión, agregó.
Frank Kempe, un vocero del ministerio de la mujer y las familias, admitió que es difícil verificar el uso de condones, pero agregó que es importante establecer la norma para respaldar a las trabajadoras sexuales que exijan su uso.
