Santiago/EFE
El Gobierno chileno enviará antes de fin mes al Congreso un proyecto que despenaliza el aborto bajo ciertas circunstancias, pese a la polémica desatada en los últimos días y que le costó el puesto a la ministra de salud Helia Molina, informaron hoy fuentes oficiales.
"Lo que está puesto en el programa de gobierno es que vamos a legislar en torno a aquello y esperamos cumplir con aquel compromiso con el envío antes del 31 de enero. Estamos trabajando para aquello", señaló hoy la ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Claudia Pascual, en entrevista con el diario La Tercera.
El tema del abortó saltó a la palestra esta semana cuando la hasta entonces ministra de Salud, Helia Molina, declaró que "en todas las clínicas 'cuicas' (adineradas) de este país muchas de las familias más conservadoras han hecho abortar a sus hijas".
El Gobierno no respaldó las declaraciones de la ministra, quien renunció a las pocas horas generando una inesperada crisis en el gabinete.
Pese a ello, Pascual reiteró hoy que la despenalización del aborto en caso de violación, peligro de vida de la madre o inviabilidad del feto es parte del programa de gobierno y seguirá adelante.
Chile es uno de los seis países donde está penalizado el aborto terapéutico, pero durante la campaña electoral que llevó por segunda vez a la presidencia a Michelle Bachelet, la mandataria anunció la reforma de la ley, convencida de que los ciudadanos tienen la madurez suficiente para afrontar un debate sobre el tema.
Pascual reconoció que la despenalización del aborto en los casos planteados va a ser un tema complejo.
"Son debates que tienen mucha integralidad que tomar en cuenta, pero lo que nosotros como Gobierno tenemos como convicción que es necesario legislar y abrir este debate.
No queremos imponer posiciones, pero lo que tampoco puede seguir sucediendo es que en Chile no existan mayores opciones", dijo.
El rechazo a la despenalización de la suspensión voluntaria del embarazo procede principalmente del partido ultraderechista Unión Demócrata Independiente (UDI) y de la Iglesia, en un país donde el 72 % de la población se declara católica, pero solo un 14 % se reconoce como observante.
