La comisión de la ONU que investiga los crímenes ocurridos en la guerra civil en Siria acusó hoy al gobierno de crímenes contra la humanidad en las prisiones, mediante actos de "exterminación, asesinato, violación, tortura, desaparición forzada y otros actos inhumanos".
El grupo de eminentes juristas, que trabaja documentando las violaciones de los derechos humanos en el conflicto sirio desde finales de 2011, dijo que fuera del campo de batalla se registra una "violencia masiva y sistematizada" en los lugares de detención, sean oficiales o informales.
El presidente de la comisión, el jurista brasileño Paulo Sergio Pinheiro explicó en conferencia de prensa que la acusación de "exterminación" hace referencia a actos que "son parte de una política o práctica institucionalizada" por el gobierno, que "crea condiciones en las que es probable que ocurran muertes a gran escala".
Por otra parte, sobre los lugares de detención controlados por grupos rebeldes, la comisión denunció malos tratos y ejecuciones de soldados capturados, y acusó de forma específica a los grupos terroristas Al Nusra y Estado Islámico de "crímenes de guerra".
Pinheiro sostuvo que nadie conoce el número de personas muertas en detención y que "sería irresponsable lanzar cifras" o intentar determinar que porcentaje corresponde a combatientes y a civiles.
Según más de 600 entrevistas realizadas a personas que lograron sobrevivir a algún periodo de detención, antiguos empleados de prisiones o familiares de detenidos muertos, las fuerzas gubernamentales retienen a "decenas de miles de personas" al mismo tiempo en sus prisiones, señala un informe presentado hoy por la comisión investigadora.
Además, miles desaparecieron tras su arresto o durante su traslado a través de zonas controladas por el Gobierno sirio.
"Los relatos de cientos de detenidos supervivientes, sobre todo de instalaciones controladas por las agencias de inteligencia sirias, exponen una situación aterradora de la magnitud de violaciones", apunta la comisión.
De los testimonios recogidos entre supervivientes de prisiones gubernamentales, "casi todos describieron cómo fueron víctimas o testigos de torturas, o tratos crueles y degradantes" y aunque la mayoría fue testigo de terribles abusos cometidos contra hombres, también se han documentado casos de mujeres y niños -de hasta siete años- muertos en custodia.
Según las evidencias recolectadas por la comisión, que incluye material documental, "un gran número de muertes fueron causadas por las miserables condiciones de detención", que eran parecidas en todos los lugares de los que se recibieron testimonios.
En esos lugares, las celdas estaban abarrotadas de prisioneros, que frecuentemente debían permanecer parados y dormir por turnos, estaban infestados de ratas e insecto, se carecía de agua potable, de servicios higiénicos, las raciones de alimentos eran mínimas y cualquier urgencia médica era ignorada por los guardias.
"Los detenidos frecuentemente eran ignorados o torturados si pedían ayuda médica", se afirma.
Además, la tortura es generalizada y en los contados casos en los que las familias logran recuperar los cuerpos lo hacen por vías no oficiales y tras firmar una declaración señalando "que el fallecido fue asesinado por terroristas".
Asimismo, "en contraste con las causas de muerte de prisioneros documentadas por la comisión, la mayoría de certificados indican que la causa del fallecimiento fue un ataque cardíaco".
Pinheiro confirmó que "el nivel, la intensidad de las atrocidades y el número de víctimas aumenta conforme se prolonga la guerra civil en Siria" y lamentó que el Consejo de Seguridad de la ONU -que consideró como la única instancia capaz de cambiar el rumbo de las cosas en Siria- no muestre interés en esto.
"A la comisión le preocupa la rendición de cuentas. Entramos en el sexto año de crímenes contra la humanidad y cada día se cometen nuevas atrocidades, pero el establecimiento de responsabilidades parece que no es una cuestión que le preocupe", comentó por su parte la exfiscal internacional Carla del Ponte, miembro de la comisión.
