El pleno del Congreso decidió hoy por unanimidad retirarle la inmunidad al presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, quien está acusado de liderar la red de corrupción aduanera "La Línea".
A partir de este momento, Pérez Molina puede ser investigado e incluso arrestado por su vinculación con la "La Línea", un caso que ya costó el cargo de Vicepresidenta a Roxana Baldetti, detenida y a la espera de saber si enfrentará un juicio.
El expediente que habilita la investigación, identificado con número 197-2015, debe ser trasladado "inmediatamente" a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que ésta a su vez lo traslade a un juez, de acuerdo a la información judicial disponible.
Pérez Molina, un general retirado de 64 años que llegó a la Presidencia de Guatemala en enero de 2012, es el primer mandatario desaforado de la historia del país.
En una sesión plenaria este martes 132 diputados, todos los presentes en el hemiciclo, votaron por unanimidad a favor de quitar la inmunidad al mandatario.
"Habiendo mayoría queda aprobado. Declara con lugar la formación de causa, las diligencias de antejuicio contra el presidente", dijo el presidente del ente Legislativo, Luis Rabbé.
El Congreso de Guatemala está conformado por 158 escaños y a la sesión de este martes no asistieron varios, entre ellos los 24 del partido Lider, el principal de oposición, según dijo el legislador Mario Taracena, del partido UNE (opositor).
El antejuicio a Pérez Molina fue solicitado el pasado 21 de agosto por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que argumentaron que existen pruebas suficientes que involucran al mandatario en la red de corrupción.
En apenas una hora y media, en la que se dio lectura a las actas anteriores y a la de este martes, los diputados decidieron quitarle el privilegio al mandatario.
La diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, una de las integrantes de la llamada Comisión Pesquisidora que avaló en un informe retirarle la inmunidad, razonó su voto y dijo que la decisión "contundente" está basada en hechos que dan a suponer la participación del presidente en "hechos penales".
"Nadie se alegra de lo que está pasando", sostuvo, pero agregó que todo acto debe tener consecuencias y que ahora es el momento de que la Justicia se pronuncie.
A las afueras del Congreso la gente celebraba la decisión con cohetes, bocinazos e infinidad de aplausos.
