El Gobierno de EE. UU. está pagando actualmente a más de 150.000 funcionarios para que no regresen a sus puestos de trabajo, como parte de un programa de renuncia en diferido para ahorrar costos que ordenó la Casa Blanca tras la llegada al poder del presidente estadounidense, Donald Trump.
Hasta 154.000 trabajadores se adhirieron al plan propuesto por el Gobierno para retrasar sus despidos hasta el término del actual año fiscal (30 de septiembre) o el 31 de diciembre de 2025, informó este jueves una portavoz de la Oficina de Administración de Personal al medio New York Times.
Esta cantidad, sin embargo, apenas representa poco más del 6 % de los 2,3 millones de funcionarios de la Administración estadounidense.
Un plan de renuncias en diferido
La Administración había informado el pasado enero de que planeaba ofrecer indemnizaciones a los más de dos millones de trabajadores federales si renunciaban.
Pero la medida fue criticada por los sindicatos, que dijeron que desataría el caos.
Trump ordenó desde entonces despidos masivos con el propósito de reducir lo que considera «una burocracia inflada».
En esta línea, el Departamento de Estado anunció el despido de más de 1.300 empleados en EE.UU. y el exterior el pasado 11 de julio.
Al mismo tiempo, senadores del Partido Demócrata presentaron este jueves un informe en el que denuncian que el Gobierno ha gastado miles de millones de dólares en pagar a los trabajadores que se encuentran de baja, debido a la «renuncia en diferido» o a los litigios en curso por sus despidos.
Además, argumentaron que la labor del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, en inglés), que encabezó el multimillonario Elon Musk y tenía el propósito de reducir el gasto de la Administración, despilfarró 21.700 millones de dólares.
