Centenares de personas marcharon en la capital dominicana contra la reciente aprobación de un nuevo Código Penal que ratifica criminalizar el aborto, aunque la concepción sea producto de violación sexual, incesto o haya una formación del feto incompatible con la vida.
Los manifestantes, en su mayoría mujeres, recorrieron varias calles de la ciudad colonial de Santo Domingo hasta concluir en el parque Independencia, donde oradoras como Lourdes Contreras, exigieron al presidente dominicano, Danilo Medina, vetar el código.
"Como ciudadanos y ciudadanas rechazamos tajantemente esta nueva afrenta a los derechos de las mujeres y niñas, no obstante el consenso logrado en 2014 por todos los sectores sociales de permitir el aborto en determinadas circunstancias", precisó Contreras, dirigente feminista y catedrática universitaria.
Aseguró que la República Dominicana exhibe "vergonzosamente" una de las más altas tasas de mortalidad materna, asociada, "en importante medida", a la práctica de abortos clandestinos realizados en condiciones inseguras, que afectan de forma especial a mujeres de escasos recursos y provenientes de sectores vulnerables.
La concentración, convocada por la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres, aseguró que la mujer tiene derecho a interrumpir el embarazo cuando este haya sido causado contra su voluntad, si está en peligro su vida, o si el feto tiene una enfermedad congénita incompatible con la vida.
"Exigimos al presidente asumir su compromiso on los derechos de la vida y la salud de todas las mujeres dominicanas, y que observe el Código Penal aprobado (por el Congreso Nacional, bicameral), que promueve la ocurrencia de feminicidios desde el Estado, una muestra de violencia institucionalizada contra las mujeres", aseguraron.
La coalición también exigió del Gobierno dominicano cumplir con acuerdos locales internacionales, en los que se compromete a erradicar la violencia contra las mujeres.
A mediados de semana, el Senado dominicano aprobó mantener la penalización del aborto en cualquier caso, y estipuló condenas de cárcel de entre 2 y 10 años para quienes lo practiquen.
Los senadores alegaron que la Constitución dominicana establece la protección de la vida desde la concepción hasta la muerte, así como al hecho de que es "inconcebible" causar el aborto cuando este haya sido causa de violación sexual o incesto, al considerar que para el agresor no existiría la misma pena, porque en el país no existe la pena de muerte.
En 2014 se aprobó un texto similar, pero el presidente Medina observó la pieza, con el propósito de que se estableciera en cuáles situaciones era adecuado causar el aborto.
Sin embargo, los legisladores volvieron a penalizarlo luego de intensas presiones de las religiones Católica y Protestante, principalmente.
