El Gobierno de Colombia y las FARC anunciaron hoy un mecanismo independiente y transparente para designar a los jueces de la jurisdicción especial para la paz, a través de un comité de selección para el que cuentan con la participación del papa y el secretario general de la ONU.
Para garantizar la autonomía de esos jueces, los equipos negociadores pedirán a personalidades e instituciones como el papa Francisco, la ONU o la Corte Suprema de Justicia de Colombia que designen a una persona para conformar el comité de selección que, a su vez, elegirá a los magistrados de la jurisdicción especial para la paz.
También proponen para este proceso a la delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional y la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado, que al igual que los anteriores tendrán que aceptar esa solicitud.
Según el comunicado conjunto divulgado hoy en La Habana, sede permanente de los diálogos de paz desde noviembre de 2012, los integrantes del comité que resulte seleccionarán a los magistrados por una mayoría de 4/5, con un sistema de votación que promueva el consenso.
El comité elegirá de ese modo a los veinte magistrados colombianos y cuatro extranjeros que integrarán el tribunal especial de paz, así como a los dieciocho colombianos y seis extranjeros que trabajarán en las tres salas de justicia adicionales y al director de la Unidad de Investigación y Acusación.
Todos los magistrados deberán estar altamente calificados y deberán incluirse expertos en distintas ramas del derecho, con énfasis en conocimientos del derecho internacional humanitario, derechos humanos o resolución de conflictos, señalan las partes.
Con este anuncio se cierra uno de los temas pendientes del acuerdo de la jurisdicción especial para la paz que sellaron con un histórico apretón de manos el pasado 23 de septiembre en La Habana el presidente Juan Manuel Santos y el jefe máximo de la guerrilla, Rodrigo Londoño, alias Timochenko.
Posteriores desavenencias sobre algunos puntos del acuerdo impidieron avanzar hasta que el 15 de diciembre limaron esas asperezas y anunciaron el acuerdo general sobre reparación de las víctimas, en el que se incluye la jurisdicción especial para la paz.
El jefe de la delegación gubernamental, Humberto de la Calle, subrayó hoy que con la creación de ese comité, la elección de los magistrados se hará de manera totalmente independiente y confiable al más alto nivel, como las partes prometieron en su día.
No habrá en Colombia una sola persona que ponga en duda la altura moral del comité de escogencia (...) y podemos decir que habrá justicia para las víctimas, precisó.
Por su parte, el jefe negociador de la insurgencia, Iván Marquez (alias de Luciano Marín Arango) indicó que la propuesta de la mesa de negociación para conformar el comité de selección da garantías a la sociedad y a la comunidad internacional, al confiar en personalidades mundiales al margen de cualquier sospecha moral.
Corresponde ahora a los tribunales penales de nuestro país mostrar que están a la altura del momento histórico, que no cabe perpetuar prácticas propias de los tiempos de guerra, señaló el número dos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Según lo pactado en septiembre, los tribunales especiales para la paz juzgarán a los responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad, ya que los delitos políticos y conexos serán amnistiados.
Además, la jurisdicción especial para la paz contempla rebaja de penas y una restricción efectiva de la libertad sin cárcel para aquellos que reconozcan su responsabilidad en esos delitos, aporten verdad y contribuyan a la reparación de las víctimas.
Tras el acuerdo del pasado 23 de junio sobre la fórmula del alto el fuego bilateral y definitivo en Colombia, los negociadores del Gobierno y la guerrilla trabajan en La Habana para resolver temas pendientes antes de la firma del acuerdo definitivo de paz, cuya fecha aún no se ha anunciado.
Entre esos temas pendientes se incluyen los flecos de los otros cuatro puntos acordados desde que comenzaron las negociaciones (desarrollo rural, participación política, narcotráfico y víctimas) además del punto sobre implementación y refrendo del acuerdo de paz.
