Managua, Nicaragua/AP
La empresa china HKND Group, concesionaria para la construcción de un Canal Interocéanico para unir el Pacífico con el Mar Caribe, empezó a realizar un censo en la ruta de la obra lo que ha generado inquietud entre los propietarios de miles de casas y fincas ubicadas a lo largo de 278 kilómetros que tendrá la vía, informaron el martes diversas fuentes.
El censo de las tierras que serán expropiadas para la construcción de la obra se realizará entre agosto y septiembre, y lo único que busca es tener claridad de la cantidad de familias a las que deberá pagárseles por ser perjudicadas, según Telémaco Talavera, miembro de la Comisión del Gran Canal, quien funge como vocero de la misma.
"El censo es normal, nosotros lo habíamos anunciado que iríamos casa a casa, finca a finca, para ver lo que tienen, lo que no tienen, es decir haciendo una evaluación y valoración para pagarles lo justo a cada quien'', dijo Talavera a la AP.
Los propietarios de las tierras denunciaron que miembros de la Policía y Ejército de Nicaragua acompañan a los funcionarios chinos de HKND, de la Procuraduría General de la República, Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales y del Instituto de Evaluación de tierras de China, al momento de inspeccionar las propiedades.
"Hay una intimidación hacia los dueños de la casa, se sienten como si fueran terroristas o si ellos tuvieran drogas, es el temor de la población. Tienen 15 días sin dormir porque les orientaron que detuvieran cualquier construcción en sus terrenos'', dijo Octavio Ortega, Presidente de la Fundación de Municipios de Rivas.
Talavera explicó que la presencia de policías y militares, no tiene como fin intimidar a los pobladores, sino brindar protección a quienes realizan el censo. "Se hace (el acompañamiento) por seguridad, no hay porqué intimidar a nadie. Eso no tiene razón ni lógica'', dijo.
La zona donde se realiza el censo está ubicada al sur del país donde se construiría un puerto de aguas profundas como parte de los sub proyectos del Canal, específicamente en las costas de Brito. La mega obra valorada en más de 50.000 millones de dólares, fue otorgada al empresario chino Wang Jing en junio del año pasado y busca competir con el Canal de Panamá.
La ley del Gran Canal de Nicaragua establece que se compensará a las personas expropiadas en base al precio utilizado para el pago de impuestos que suele ser menor que el precio de mercado. La ley establece que sólo se pagará el precio de mercado cuando sea menor que el precio catastral.
"Los valores catastrales de esas tierras son bastantes bajos y aunque les pagaran el precio de mercado real, no podrían comprar en otro lado porque los precios (de las propiedades) están subiendo'' explicó la abogada Azahálea Solís, que presta asesoría con apoyo legal a los afectados.
Los habitantes de la comunidad de Obrajuelo, del Municipio de San Jorge en Rivas costero con el Lago de Nicaragua, temen no recibir una compensación económica que les permita reubicarse en iguales condiciones.
"No sé a quién recurrir, han llegado los Derechos Humanos, estamos viendo (cómo resolvemos) esta situación porque no nos dicen nada de precio y toda la gente está en zozobra'', aseguró José Jesús Vanegas dueño de un lote costero.
"El problema de esto son los abusos y la burla que pueden hacer a los campesinos que saben poco o nada de cuánto realmente puede valer su tierra ahora'', dijo a la radio Corporación, Marcos Carmona, el representante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos.
El equipo del grupo HKND Group, indicó que realiza el Formulario de Investigación sobre la población, las viviendas y los accesorios del terreno objeto de utilización del proyecto del Canal de Nicaragua y al mismo tiempo la empresa Environmental Resource Management coordina reuniones con algunos de los propietarios como parte del estudio de impacto social.
"Cuando uno hace preguntas no dan ninguna información. No estoy de acuerdo. Para mí esto es injusto, el gobierno está decidiendo por uno, se habla del precio de catastro es un precio ridículo y aunque me paguen millones yo no deseo salir de mi propiedad'', dijo Mayra Montiel, quien tiene una propiedad que ha sido heredada por tres generaciones.
Octavio Ortega, de la Fundación de Municipios de Rivas, dijo que luego de las entrevistas, los visitantes dan plazos para desalojar las propiedades. "Según dijeron desde que comience la negociación tienen un mes para desalojar, son aproximadamente unas 50 casas, unas mil personas'' aseguró Ortega.
El Consejo Superior de la Empresa Privada en Nicaragua se pronunció en julio pasado contra el mecanismo que se utilizará para las indemnizaciones y por ello recurrió por inconstitucionalidad en contra de la ley de concesión. Sin embargo, su impugnación y otras 31 interpuestas ante la Corte Suprema de Justicia, fueron rechazadas.
El inicio de la construcción del canal interoceánico esta prevista a finales del año 2014 y concluya en 2019 según la Comisión del Gran Canal.
La ruta trazada de Este a Oeste arranca en el Pacífico en lo que se conoce como la desembocadura de río Brito, pasando por el sur de la ciudad Rivas y se introduce por 105 kilómetros al Gran Lago hasta llegar a los ríos Tule y el río Punta Gorda, que conectan al centro del país con el Caribe Sur cerca de la Bahía de Bluefields.
La empresa china HKND Group, concesionaria para la construcción de un Canal Interocéanico para unir el Pacífico con el Mar Caribe, empezó a realizar un censo en la ruta de la obra lo que ha generado inquietud entre los propietarios de miles de casas y fincas ubicadas a lo largo de 278 kilómetros que tendrá la vía, informaron el martes diversas fuentes.
El censo de las tierras que serán expropiadas para la construcción de la obra se realizará entre agosto y septiembre, y lo único que busca es tener claridad de la cantidad de familias a las que deberá pagárseles por ser perjudicadas, según Telémaco Talavera, miembro de la Comisión del Gran Canal, quien funge como vocero de la misma.
"El censo es normal, nosotros lo habíamos anunciado que iríamos casa a casa, finca a finca, para ver lo que tienen, lo que no tienen, es decir haciendo una evaluación y valoración para pagarles lo justo a cada quien'', dijo Talavera a la AP.
Los propietarios de las tierras denunciaron que miembros de la Policía y Ejército de Nicaragua acompañan a los funcionarios chinos de HKND, de la Procuraduría General de la República, Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales y del Instituto de Evaluación de tierras de China, al momento de inspeccionar las propiedades.
"Hay una intimidación hacia los dueños de la casa, se sienten como si fueran terroristas o si ellos tuvieran drogas, es el temor de la población. Tienen 15 días sin dormir porque les orientaron que detuvieran cualquier construcción en sus terrenos'', dijo Octavio Ortega, Presidente de la Fundación de Municipios de Rivas.
Talavera explicó que la presencia de policías y militares, no tiene como fin intimidar a los pobladores, sino brindar protección a quienes realizan el censo. "Se hace (el acompañamiento) por seguridad, no hay porqué intimidar a nadie. Eso no tiene razón ni lógica'', dijo.
La zona donde se realiza el censo está ubicada al sur del país donde se construiría un puerto de aguas profundas como parte de los sub proyectos del Canal, específicamente en las costas de Brito. La mega obra valorada en más de 50.000 millones de dólares, fue otorgada al empresario chino Wang Jing en junio del año pasado y busca competir con el Canal de Panamá.
La ley del Gran Canal de Nicaragua establece que se compensará a las personas expropiadas en base al precio utilizado para el pago de impuestos que suele ser menor que el precio de mercado. La ley establece que sólo se pagará el precio de mercado cuando sea menor que el precio catastral.
"Los valores catastrales de esas tierras son bastantes bajos y aunque les pagaran el precio de mercado real, no podrían comprar en otro lado porque los precios (de las propiedades) están subiendo'' explicó la abogada Azahálea Solís, que presta asesoría con apoyo legal a los afectados.
Los habitantes de la comunidad de Obrajuelo, del Municipio de San Jorge en Rivas costero con el Lago de Nicaragua, temen no recibir una compensación económica que les permita reubicarse en iguales condiciones.
"No sé a quién recurrir, han llegado los Derechos Humanos, estamos viendo (cómo resolvemos) esta situación porque no nos dicen nada de precio y toda la gente está en zozobra'', aseguró José Jesús Vanegas dueño de un lote costero.
"El problema de esto son los abusos y la burla que pueden hacer a los campesinos que saben poco o nada de cuánto realmente puede valer su tierra ahora'', dijo a la radio Corporación, Marcos Carmona, el representante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos.
El equipo del grupo HKND Group, indicó que realiza el Formulario de Investigación sobre la población, las viviendas y los accesorios del terreno objeto de utilización del proyecto del Canal de Nicaragua y al mismo tiempo la empresa Environmental Resource Management coordina reuniones con algunos de los propietarios como parte del estudio de impacto social.
"Cuando uno hace preguntas no dan ninguna información. No estoy de acuerdo. Para mí esto es injusto, el gobierno está decidiendo por uno, se habla del precio de catastro es un precio ridículo y aunque me paguen millones yo no deseo salir de mi propiedad'', dijo Mayra Montiel, quien tiene una propiedad que ha sido heredada por tres generaciones.
Octavio Ortega, de la Fundación de Municipios de Rivas, dijo que luego de las entrevistas, los visitantes dan plazos para desalojar las propiedades. "Según dijeron desde que comience la negociación tienen un mes para desalojar, son aproximadamente unas 50 casas, unas mil personas'' aseguró Ortega.
El Consejo Superior de la Empresa Privada en Nicaragua se pronunció en julio pasado contra el mecanismo que se utilizará para las indemnizaciones y por ello recurrió por inconstitucionalidad en contra de la ley de concesión. Sin embargo, su impugnación y otras 31 interpuestas ante la Corte Suprema de Justicia, fueron rechazadas.
El inicio de la construcción del canal interoceánico esta prevista a finales del año 2014 y concluya en 2019 según la Comisión del Gran Canal.
La ruta trazada de Este a Oeste arranca en el Pacífico en lo que se conoce como la desembocadura de río Brito, pasando por el sur de la ciudad Rivas y se introduce por 105 kilómetros al Gran Lago hasta llegar a los ríos Tule y el río Punta Gorda, que conectan al centro del país con el Caribe Sur cerca de la Bahía de Bluefields.
