La inseguridad en las calles de Perú se recrudece en forma alarmante en el último año de gobierno del presidente Ollanta Humala, en medio de críticas del Poder Judicial y de sectores opositores por considerarla un reflejo de la crisis institucional en el país.
En un pronunciamiento, la Corte Suprema de Justicia afirmó que el país atraviesa una "seria crisis institucional" y que una de sus manifestaciones más perniciosas es "el incremento alarmante de la criminalidad" en sus diversas modalidades.
Las campañas aparecidas en redes sociales como la llamada "Chapa (atrapa) tu choro (delincuente) y déjalo paralítico", que promueven la justicia por mano propia, han sido desalentadas por el Poder Judicial al considerar que deslegitiman a las instituciones políticas y jurídicas.
Cada día aparecen nuevas modalidades de asalto y extorsión dirigidas a ciudadanos comunes, muchas veces planeadas desde las cárceles, razón por la cual ha ido creciendo el apoyo, en las redes
sociales, a las golpizas y detenciones de delincuentes en las calles.
De acuerdo a una encuesta del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 32 % de habitantes de ciudades con más de 20.000 pobladores han sido víctimas de la delincuencia entre octubre de 2014 y marzo pasado.
A pesar de que Humala ha insistido en que ha tomado acciones para combatir la delincuencia organizada, sus medidas parecen casi siempre aparecer después de ocurridos los hechos.
Así, después de que la Defensoría del Pueblo dirigiera un pedido al Ministerio de Defensa para que informe sobre las medidas de control de las granadas de guerra en los cuarteles, el Ejército recibió el jueves la orden de inamovilidad absoluta para realizar una auditoría de su material de guerra.
La solicitud del defensor, Eduardo Vega, respondía a la muerte, el lunes pasado, de un policía cuando intentaba desactivar una granada colocada en la puerta de un colegio de Lima por presuntos extorsionadores, una modalidad que se ha repetido durante el año en distintos locales de la capital.
En 2014 hubo 1.193 denuncias por extorsión en Lima y en el 60 % de los casos se utilizaron artefactos explosivos y armas de fuego, según cifras del Ministerio Público.
El agente fallecido fue declarado héroe de la Policía y el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, planteó que el uso de granadas por parte de la delincuencia organizada pueda ser sancionado como un acto terrorista, después de encontrar explosivos con trapos con los símbolos usados por Sendero Luminoso.
La Policía también intervino el jueves pasado una casa en la que se almacenaban 51 granadas y detuvo a un expolicía como sospechoso de ser el distribuidor del material explosivo en el mercado negro.
Pero para algunos legisladores de oposición, como Mauricio Mulder, del partido Aprista, el hallazgo de las 51 granadas es un operativo montado por el Ministerio del Interior para decir que están haciendo algo.
También se unió a las críticas el expresidente aprista Alan García y escribió en Twitter: "Granadas ayer, inamovilidad del Ejército hoy, cualquier cosa mañana".
Para combatir la inseguridad, el Gobierno ha anunciado que trabaja en nuevos decretos legislativos, pero la sensación para el 85 % de ciudadanos, según la encuesta de INEI, es que temen ser
víctimas de la delincuencia, un problema que Humala prometió resolver al llegar a la presidencia.
Con este panorama, la inseguridad ciudadana será nuevamente uno de los temas centrales en la campaña electoral que empezará en los próximos meses para elegir al sucesor de Humala en los comicios de abril de 2016.
