Turquía/EFE
Turquía, cinco días después del accidente en la mina de lignito de Soma, se divide entre el luto por los 301 muertos, confirmados hoy por el Gobierno, y la búsqueda de responsables de la tragedia.
El ministro turco de Energía, Taner Yildiz, aclaró esta jornada ante la prensa que ya se han detectado los últimos dos cadáveres que faltan por recuperar, aunque un nuevo incendio dificultar su rescate.
El gobierno turco ha publicado una lista con los nombres de 283 víctimas, cuyos cadáveres ya han sido entregados a sus familias.
Pero la emisora IMC TV asegura hoy -tras una ronda de llamadas a los municipios de los que eran oriundos los mineros- que 321 personas fueron enterradas oficialmente como víctimas del accidente.
Las primeras estimaciones oficiales, avanzados el miércoles por el propio Yildiz, hacían prever un balance de 348 muertos.
No sólo el número final, también las causas del accidente son objeto de polémica en Turquía.
Los ejecutivos de "Soma Holding", la empresa que gestiona la mina desde su privatización en 2005, aseguran no haber cometido errores de negligencia y haber cumplido todas las normas.
Causó consternación que en la mina existía una sola cámara de supervivencia apta para 500 obreros, pero que estaba inutilizable por hallarse en fase de desmontaje y traslado.
Sin embargo, disponer de una cámara de seguridad de este tipo no es obligatorio, según la legislación turca.
El ministro turco de Trabajo, Faruk elik, confirmó hoy que en los últimos dos años, la mina se había inspeccionado 16 veces, sin encontrarse motivos para cerrarla.
Pero varios ingenieros han asegurado a Efe que junto con las minas, también las inspecciones de seguridad se han privatizado y que el control público en las minas privadas es "cero".
Un importante sector sindical acusa por eso al Gobierno turco, liderado por el islamista Recep Tayyip Erdogan, de ser culpable del desastre por la privatización de recursos y servicios públicos.
Desde la llegada al poder del partido de Justicia y Desarrollo (PJD) en 2002, Turquía ha privatizado empresas por valor de 54.000 millones de dólares, cinco veces más que entre 1985 y 2002.
Según un estudio del Colegio turco de Ingenieros, la tasa de accidentes mortales en las minas privadas del país eurasiático es seis veces mayor que en las de gestión pública.
De media mueren 6,5 mineros por cada millón de toneladas de carbón extraído en Turquía, una tasa seis veces mayor a la de China, 30 veces superior a la de India y Sudáfrica.
Así, la mina de Soma se ha convertido en un nuevo símbolo de críticas a la gestión del PKD, tras un año 2013 marcado por protestas sociales y varios escándalos de corrupción.
Las protestas que se suceden desde el miércoles en varias ciudades turcas, fueron respondidas con unidades antidisturbios, violencia y detenciones.
El viernes, la policía disolvió con cañones de agua a presión, gas lacrimógeno y balas de goma una manifestación en Soma.
Además, 15 abogados que habían acudido hoy para respaldar a las familias afectadas, fueron detenidos en lo que la emisora CNNT rk describe como "una violenta acción policial".
La gobernación de Manisa, provincia a la que pertenece Soma, ha prohibido a partir de hoy todo tipo de protestas o manifestaciones en la ciudad minera.
La policía ha acordonado Soma, una ciudad de unos 100.000 habitantes, y realiza estrictos controles a todos los viajeros, informa el diario "H rriyet" en su versión electrónica.
Sólo pueden pasar residentes o gente que tienen familiares allí, mientras que a los demás, ante la mera posibilidad de que acudan para manifestarse, se les niega la entrada.
Pero la polémica está lejos de apagarse y ha afectado también al propio Erdogan, quien en su visita a Soma el miércoles se vio rodeado por una muchedumbre que gritaba "Gobierno, dimisión".
Y unas fotografías publicadas que muestran a uno de sus asesores propinando patadas a un manifestantes ya reducido por dos guardaespaldas, han avivado la indignación ciudadana.
Turquía, cinco días después del accidente en la mina de lignito de Soma, se divide entre el luto por los 301 muertos, confirmados hoy por el Gobierno, y la búsqueda de responsables de la tragedia.
El ministro turco de Energía, Taner Yildiz, aclaró esta jornada ante la prensa que ya se han detectado los últimos dos cadáveres que faltan por recuperar, aunque un nuevo incendio dificultar su rescate.
El gobierno turco ha publicado una lista con los nombres de 283 víctimas, cuyos cadáveres ya han sido entregados a sus familias.
Pero la emisora IMC TV asegura hoy -tras una ronda de llamadas a los municipios de los que eran oriundos los mineros- que 321 personas fueron enterradas oficialmente como víctimas del accidente.
Las primeras estimaciones oficiales, avanzados el miércoles por el propio Yildiz, hacían prever un balance de 348 muertos.
No sólo el número final, también las causas del accidente son objeto de polémica en Turquía.
Los ejecutivos de "Soma Holding", la empresa que gestiona la mina desde su privatización en 2005, aseguran no haber cometido errores de negligencia y haber cumplido todas las normas.
Causó consternación que en la mina existía una sola cámara de supervivencia apta para 500 obreros, pero que estaba inutilizable por hallarse en fase de desmontaje y traslado.
Sin embargo, disponer de una cámara de seguridad de este tipo no es obligatorio, según la legislación turca.
El ministro turco de Trabajo, Faruk elik, confirmó hoy que en los últimos dos años, la mina se había inspeccionado 16 veces, sin encontrarse motivos para cerrarla.
Pero varios ingenieros han asegurado a Efe que junto con las minas, también las inspecciones de seguridad se han privatizado y que el control público en las minas privadas es "cero".
Un importante sector sindical acusa por eso al Gobierno turco, liderado por el islamista Recep Tayyip Erdogan, de ser culpable del desastre por la privatización de recursos y servicios públicos.
Desde la llegada al poder del partido de Justicia y Desarrollo (PJD) en 2002, Turquía ha privatizado empresas por valor de 54.000 millones de dólares, cinco veces más que entre 1985 y 2002.
Según un estudio del Colegio turco de Ingenieros, la tasa de accidentes mortales en las minas privadas del país eurasiático es seis veces mayor que en las de gestión pública.
De media mueren 6,5 mineros por cada millón de toneladas de carbón extraído en Turquía, una tasa seis veces mayor a la de China, 30 veces superior a la de India y Sudáfrica.
Así, la mina de Soma se ha convertido en un nuevo símbolo de críticas a la gestión del PKD, tras un año 2013 marcado por protestas sociales y varios escándalos de corrupción.
Las protestas que se suceden desde el miércoles en varias ciudades turcas, fueron respondidas con unidades antidisturbios, violencia y detenciones.
El viernes, la policía disolvió con cañones de agua a presión, gas lacrimógeno y balas de goma una manifestación en Soma.
Además, 15 abogados que habían acudido hoy para respaldar a las familias afectadas, fueron detenidos en lo que la emisora CNNT rk describe como "una violenta acción policial".
La gobernación de Manisa, provincia a la que pertenece Soma, ha prohibido a partir de hoy todo tipo de protestas o manifestaciones en la ciudad minera.
La policía ha acordonado Soma, una ciudad de unos 100.000 habitantes, y realiza estrictos controles a todos los viajeros, informa el diario "H rriyet" en su versión electrónica.
Sólo pueden pasar residentes o gente que tienen familiares allí, mientras que a los demás, ante la mera posibilidad de que acudan para manifestarse, se les niega la entrada.
Pero la polémica está lejos de apagarse y ha afectado también al propio Erdogan, quien en su visita a Soma el miércoles se vio rodeado por una muchedumbre que gritaba "Gobierno, dimisión".
Y unas fotografías publicadas que muestran a uno de sus asesores propinando patadas a un manifestantes ya reducido por dos guardaespaldas, han avivado la indignación ciudadana.
