Cuatro médicos costarricenses y un comerciante griego irán a juicio, en una fecha aún por definir, acusados de conformar una red de tráfico de órganos para hacer trasplantes a israelíes, informó hoy el Ministerio Público de Costa Rica.
El Juzgado Penal del I Circuito Judicial de San José admitió en su totalidad la acusación y pruebas testimoniales, documentales y científicas en contra de los cinco hombres por el delito de extracción ilícita de órganos, que en Costa Rica se castiga con penas de entre 6 y 18 años de prisión.
A los cuatro médicos que trabajaban en el hospital público Rafael ngel Calderón Guardia, en el centro de San José, también se les acusó por los delitos de falsedad ideológica, peculado (desvío de fondos públicos) y lesiones graves.
Los hechos atribuidos a los imputados se investigaron entre el mes de mayo del año 2013 y julio del 2014, cuando la organización criminal realizó al menos 14 trasplantes de riñón a personas extranjeras, principalmente israelíes.
Los órganos provenían de personas costarricenses en condiciones sociales de vulnerabilidad, a quienes les pagaban a cambio de los riñones entre 6.000 y 20.000 dólares.
Los acusados fueron identificados como un médico cirujano de apellidos Mora Palma, quien era el líder de la organización y se encargaba de localizar a clientes que requirieran un trasplante de riñón, así como de buscar a personas de bajos recursos económicos para ofrecerles dinero a cambio.
Los médicos especialistas en urología, de apellidos Mauro Stamati y Fonseca Guzmán, y el experto en vascular periférico, Monge Monge, eran los encargados de realizar las extracciones de riñón en dos hospitales privados de San José, según indica la acusación.
Otro de los acusados es un griego de apellidos Katsigiannis Karkasi, propietario de un pizzería en alrededores de Hospital Calderón Guardia, quien se encargaba de ubicar personas en condición de vulnerabilidad económica y ofrecerles dinero a cambio de la extracción de órganos.
Las personas que vendieron sus órganos no serán acusadas por ningún delito, ya que se encontraban bajo una situación de vulnerabilidad.
