Cuando hace casi un año se supo de la desaparición de 43 estudiantes en México, la principal pregunta que se hizo el mundo fue "¿por qué?", una respuesta que el Gobierno no ha sabido dar y que hoy un grupo de expertos señala: el uso de autobuses para llevar droga a Estados Unidos.
Y es que hubo un vínculo entre todas las víctimas de aquella noche fatídica del 26 de septiembre de 2014, cuando seis personas, incluidos tres estudiantes, murieron en distintos ataques armados y 43 desaparecieron: viajaban en autobuses.
Tras seis meses de investigación en torno a este caso, los expertos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) presentaron hoy sus conclusiones, en las que indican que esta hipótesis no ha sido barajada ni estudiada por el Gobierno, pese a las distintas evidencias existentes.
Así, señalan los expertos en el informe, el transporte de heroína entre la ciudad mexicana de Iguala, donde se produjo la desaparición, y Chicago (EEUU), realizado con frecuencia en autobuses, podría estar relacionado con el móvil de la desaparición y aquella violencia extrema contra los jóvenes, que pudieron haber tomado el vehículo equivocado.
"El negocio que se mueve en la ciudad de Iguala podría explicar la reacción extremadamente violenta y el carácter masivo del ataque, su duración en el tiempo e incluso el ataque posterior contra Los Avispones (un equipo infantil de fútbol, que también fue atacado aquella noche), al existir un autobús, tomado por los estudiantes, que no había sido detenido", apunta el informe.
La ocupación de autobuses por parte de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa (y de otras muchas más escuelas de escasos recursos en México) para realizar sus actividades es frecuente en este país.
Aquella noche los jóvenes salieron de Tixtla con rumbo a Iguala para recolectar fondos que les permitieran viajar a la capital mexicana y participar en una manifestación.
Como en otras ocasiones, se apoderaron de autobuses para trasladarse y sin saberlo pudieron "haberse cruzado con dicha existencia de drogas ilícitas (o dinero)" en uno de ellos.
"Las informaciones proporcionadas al GIEI señalan que Iguala era un centro de tráfico muy importante. (...) Algunos autobuses son utilizados para transportar heroína y cocaína y el dinero obtenido de este tráfico, entre Iguala y Chicago. A pesar de esto, esta línea de investigación no se ha explorado hasta ahora", agrega el informe.
En él se recoge una declaración presentada en un caso reciente en Estados Unidos que reforzaría los lazos entre estas dos ciudades, la de "Pablo Vega y otros", señalado como el jefe en Chicago del cártel de Guerreros Unidos, que presuntamente hicieron desaparecer a los estudiantes.
De la declaración jurada y de las escuchas telefónicas de las que ahí se da cuenta, apunta el reporte, surge información que señala que el cartel transportaba la droga desde México a Chicago mediante el uso de autobuses de transporte público, en un compartimento especial diseñado para ello.
En una interceptación telefónica en ese caso, realizada en una conversación entre dos sujetos bajo investigación entre Guerrero y Chicago, se dan instrucciones para limpiar los vehículos y en otra se da cuenta de que hubo interceptación en la frontera.
Aunque las compañías de autobuses mencionados en la declaración jurada no son de aquellas que tomaron los estudiantes esa noche, los expertos señalan que han tenido conocimiento de que para esos envíos se utilizan también otras líneas desde Iguala.
A todos estos hechos se le suma una aparente negligencia por parte de las autoridades mexicanas. Pese a que distintas pruebas han mostrado que los estudiantes tomaron cinco autobuses, la existencia de uno de la compañía Estrella Roja no figura en la investigación. Este autobús, señalan los especialistas, podría ser "un elemento central del caso".
Cuando en enero pasado el entonces fiscal, Jesús Murillo, dio a los jóvenes por muertos a manos de narcotraficantes que usaron un sofisticado plan para reducirlos a cenizas, fueron miles los que levantaron la voz para poner en duda aquella "verdad histórica".
Hoy los expertos negaron la posibilidad de que los estudiantes fueran quemados en aquel basurero, en base a estudios periciales independientes, y también rechazaron el móvil que entonces se dio del caso, que los estudiantes habrían sido reprimidos por miedo a que reventaran un acto de la esposa del entonces alcalde.
Pese a haber arrojado en estos seis meses mucha más luz que las instituciones mexicanas en un año, los expertos lamentaron no poder ofrecer al mundo un diagnóstico definitivo de lo sucedido a los estudiantes, que continúan como desaparecidos y tienen que ser buscados.
