El Consejo de Seguridad de la ONU dio hoy luz verde a las operaciones de la Unión Europea (UE) contra el tráfico de migrantes, autorizando el uso de la fuerza para detener los buques de las mafias frente a las costas de Libia.
Lo hizo con la aprobación de una resolución negociada durante meses y que finalmente salió adelante con 14 votos a favor y una única abstención, de Venezuela.
El texto, válido durante un año, autoriza a las fuerzas europeas a inspeccionar, capturar e inutilizar en alta mar barcos sospechosos y da, de esta forma, soporte jurídico a la fase activa de la operación naval "Sofía" puesta en marcha esta semana.
A priori, la UE no necesitaba el visto bueno de la ONU para esta segunda etapa de su operación, pero el apoyo del Consejo de Seguridad ofrece a sus acciones legitimidad internacional.
La resolución (2240) está redactada bajo el capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas y, por tanto, autoriza el uso de la fuerza con el fin de frenar el tráfico de migrantes en el Mediterráneo y de proteger las vidas de quienes tratan de llegar a Europa.
Esa posibilidad dificultó enormemente las negociaciones del texto, ante el que Rusia, Venezuela y los países africanos expresaron inicialmente dudas, entre otras cosas, por la posibilidad de que fuese utilizado con otros fines.
Esas naciones han acusado repetidamente a las potencias occidentales de utilizar una resolución aprobada en 2011 por el Consejo de Seguridad para proteger a los civiles en Libia como base de la campaña militar que terminó con el régimen de Muamar el Gadafi y querían garantías de que eso no podía volver a ocurrir.
Venezuela, el único país que finalmente se desmarcó en la votación, dijo que se abstuvo al considerar que la crisis migratoria en el Mediterráneo se está "abordando de una forma completamente equivocada", con un "enfoque militar" que solo la empeorará.
"Esta crisis no se puede resumir evitando que los refugiados queden contenidos por cientos de miles en la zona de la desesperanza a través del uso de la acción militar", dijo el embajador venezolano, Rafael Ramírez.
Para Venezuela, la resolución supone "un grave error" y un "peligroso precedente" al prever el uso de la fuerza militar y significa que en los asuntos migratorios y de refugiados se "impone la política de los muros".
Mientras, países como Chad agradecieron al Reino Unido, impulsor de la resolución, su "flexibilidad" para modificar el texto teniendo en cuenta las preocupaciones de los Estados miembros.
El embajador británico, Matthew Rycroft, subrayó que las operaciones contra los traficantes de personas no resolverán todo el problema, pero sí debe ser parte de la solución y deja claro que nadie se podrá enriquecer aprovechándose de la desesperada situación de otros.
