El Comité contra la Tortura de la ONU lamentó hoy la falta de avances significativos en la búsqueda e identificación de restos de personas desaparecidas durante la dictadura militar en Panamá (1968-1989), y le pidió al Estado investigar todos los casos pendientes y enjuiciar a los autores.
Los expertos de la ONU publicaron hoy las conclusiones de la revisión los días 3 y 4 de agosto del cuarto informe periódico de Panamá sobre la prevención de la tortura.
En su informe señala que observa con preocupación la falta de avances significativos en la búsqueda e identificación de restos de personas desaparecidas durante la dictadura militar.
El Estado debe adoptar medidas apropiadas para que se llevan e cabo investigaciones eficaces e imparciales en todos los casos pendientes de presuntas desapariciones forzosas, se enjuicie, y, en su caso, se sancione a los autores, y se indemnice a los familiares de las víctimas, afirma en sus conclusiones.
El Comité de la ONU considera además incompleta la tipificación del delito de tortura en el Código Penal, dado que Panamá no ha incluido expresamente los actos de tortura cometidos por terceros a instigación de un funcionario público o con su consentimiento o aquiescencia.
Asimismo le preocupa que Panamá mantenga en su legislación penal la prescripción del delito de tortura y le pide que se derogue esta medida y se adopten las medidas necesarias para reanudar las investigaciones de los actos de tortura que se hayan suspendido al régimen de prescripción.
El Comité de la ONU urge además al Estado a garantizar que todas las denuncias de tortura o malos tratos sean investigadas de manera pronta e imparcial por un mecanismo independiente y que los sospechosos sean enjuiciados debidamente.
En Panamá se dictaron entre 1995 y 2016 cuatro sentencias condenatorias por actos de tortura, de los que uno se encuentra en proceso de apelación, pero también hubo un sobreseimiento temporal de seis investigaciones de oficio.
A los expertos también les inquieta que el Código Penal únicamente permita ejercer la jurisdicción universal por actos de tortura cuando ésta se haya cometido de manera generalizada y sistemática, y pide a Panamá que cambie esta política.
Entre las preocupaciones del organismo también figuran las condiciones de reclusión en Panamá, dado que la administración penitenciaria no prestaría suficiente atención a las personas con discapacidad y a las mujeres privadas de libertad, además de existir una desproporción racial en las cárceles y un peor trato a los reclusos afrodescendientes.
Una mención especial merece para los expertos la polémica cárcel insular de Punta Coco por las deficientes condiciones de detención, la ubicación remota y la inadecuada atención médica a los internos, algo que ha llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a dictar medidas cautelares en favor de todos los presos.
Asimismo le inquieta seriamente el problema de la violencia y el ingreso y contrabando de armas de fuego en los centros penitenciarios del país.
Un total de 11 de las 127 muertes registradas desde 2013 en cárceles panameñas desde 2013 fueron causadas por este tipo de armas, según los datos facilitados por el Gobierno a la ONU.
