El Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad pidió hoy a Panamá que prevenga y prohíba las esterilizaciones forzadas y los abortos no consentidos a discapacitados, incluidos los tutelados.
En la rueda de prensa en la que se presentó el informe sobre Panamá y otros Estados miembros, el experto de la ONU Damjan Tatic señaló que esta práctica lamentablemente ocurre en muchos países, no solo en esa nación centroamericana.
La esterilizaciones forzadas y el suministro de anticonceptivos sin el consentimiento libre e informado de la persona con discapacidad, especialmente mujeres y personas con discapacidades intelectuales o psicosociales, ocurre a menudo, indicó.
Tatic apuntó también a que en ocasiones el tutor legal de las persona con discapacidad autoriza este tipo de intervenciones o el la dirección de las residencias.
En su documento, el comité solicita a Panamá que garantice sin excepción el consentimiento libre e informado de personas con discapacidad y que publique estadísticas claras sobre casos de esterilizaciones y de abortos no autorizados.
A la ONU también le preocupa que haya normas vigentes en el Código Civil que impiden el matrimonio a personas con discapacidad y a formar una familia en base a la voluntad de las parejas, así como la ausencia de apoyos necesarios para que los discapacitados puedan ejercer sus derechos reproductivos en igualdad de condiciones con los demás.
Otra cuestión que preocupa al comité, según Tatic, es la violencia contra mujeres y niñas con discapacidad en Panamá, algo que también ocurre en otros países, recalcó, un tema sobre el que se profundizará con el Estado próximamente.
En el texto, la ONU se muestra preocupada por la existencia de explotación, violencia y abuso contra las personas con discapacidad, especialmente mujeres, niños y niñas, afrodescendientes e indígenas.
Destaca la ausencia de políticas y estrategias para la prevención y sanción de la violencia contra mujeres y niñas con discapacidad, incluidas indígenas y afrodescendientes.
En cuanto a los niños y niñas, a la ONU le preocupa la desigualdad que les afecta, la existencia de discriminación, abandono, violencia, maltrato e institucionalización, sobre todo la especial vulnerabilidad de menores indígenas y afrodescendientes.
Asimismo, Tatic hizo hincapié en el número de personas con discapacidad que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en Panamá, especialmente mujeres, niños, afrodescendientes e indígenas.
El experto de la ONU dijo que este segmento de la población a menudo carece de servicios básicos como agua limpia, instalaciones sanitarias o una vivienda adecuada y digna.
El comité también llama la atención sobre el hecho de que existen instrumentos jurídicos en Panamá que abordan la prevención de la tortura, pero ninguno contempla específicamente la situación de las personas con discapacidad.
En el apartado de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la ONU se refiere a la práctica del uso de tratamientos sin el consentimiento libre e informado de las personas con discapacidad.
