El abogado de los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos hace un año en el sur de México dijo hoy que Gildardo López, detenido este miércoles, es una "pieza clave" que puede arrojar alguna luz sobre la suerte de los estudiantes.
El abogado Vidulfo Rosales dijo hoy que López, alias "el Gil", forma parte del cártel de Guerreros Unidos y se mostró convencido de que podrá esclarecer lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en la ciudad mexicana de Iguala, en el sureño estado de Guerrero.
"Por supuesto que tiene información privilegiada que puede ayudar", apuntó el letrado tras asegurar que la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) ahora "necesita trabajar fino (...) para llegar a la verdad".
El comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, señaló al "Gil" como uno de los autores materiales de la desaparición de los jóvenes y "jefe de un grupo dedicado a la extorsión y a la distribución de droga", especialmente en Iguala y Cocula.
Según la versión de la PGR, el 26 de septiembre de 2014 un grupo de policías a sueldo de Guerreros Unidos disparó en Iguala contra decenas de estudiantes por órdenes del entonces alcalde, José Luis Abarca, supuestamente para evitar que sabotearan un acto oficial.
Seis personas murieron y 43 jóvenes fueron detenidos por los policías y entregados a miembros de Guerreros Unidos, quienes los asesinaron y quemaron sus cuerpos en el basurero de Cocula.
El líder de ese cártel, Sidronio Casarrubias, detenido en octubre pasado, declaró a las autoridades que el "Gil" le informó aquella noche, a través de un mensaje de texto telefónico, de un enfrentamiento en Iguala, que atribuyó al grupo rival Los Rojos.
Por ello, Casarrubias ordenó hacer desaparecer a los jóvenes para defender su territorio, una instrucción que el "Gil" dio a Felipe Rodríguez Salgado, alias "el Cepillo" y capturado en enero pasado, quien presuntamente los quemó en el basurero.
De acuerdo con las declaraciones del "Cepillo" a la PGR, al día siguiente, por órdenes del "Gil", regresó al lugar para recoger las cenizas y arrojarlas en bolsas de basura al río San Juan.
Sobre la reciente identificación del estudiante Jhosivani Guerrero por el laboratorio de Innsbruck (Austria) a partir de los restos hallados en una de las bolsas lanzadas al río, Rosales reiteró que el estudio no tiene la contundencia que sí se logró en el caso de Alexander Mora, identificado en diciembre.
Además, descartó la necesidad de que se cree un grupo de especialistas para que revisen con los forenses argentinos y los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "los más de 63.000 fragmentos óseos que fueron recolectados" en Cocula, como lo anunció la fiscal Arely Gómez el domingo pasado.
El abogado dijo que confían en el trabajo del laboratorio de Innsbruck, así como en el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), según el cual la coincidencia genética entre los restos entregados por la fiscalía y Jhosivani Guerrero "es baja en términos estadísticos".
El informe presentado por el laboratorio de Innsbruck arroja 72 puntos de coincidencia genética en el caso de Jhosivani entre los restos encontrados y el ADN de sus familiares, mientras que en el de Alexander la cifra es de 1.201.
El EAAF destacó, además, que existen "serios interrogantes sobre el origen de las muestras analizadas" en Innsbruck. En ninguno de los dos casos provienen de restos recuperados en el basurero de Cocula, sino de la bolsa supuestamente hallada a la vera del río San Juan, la cual ya estaba abierta cuando el equipo llegó al lugar.
Rosales anunció hoy que los padres pedirán el próximo jueves al presidente Enrique Peña Nieto la creación de varias fiscalías especializadas para que investiguen todo lo relacionado con la desaparición.
Una estaría centrada en la investigación, otra en la búsqueda de los jóvenes, una más trabajaría sobre los probables responsables y otra que indague "respecto a responsabilidades que pudieron incurrir funcionarios" de la PGR, precisó.
Y es que a principios de septiembre los expertos de la CIDH que estudian el caso desde marzo denunciaron graves irregularidades en la investigación de la PGR y concluyeron que es imposible que los cuerpos de los jóvenes hayan sido incinerados en el basurero.
Además, señalaron que el traslado de drogas en uno de autobuses tomados por los estudiantes el 26 de septiembre para trasladarse pudo ser el móvil del crimen.
El encuentro entre los familiares de los 43 estudiantes y el presidente, al que asistirán los expertos de la CIDH, se llevará a cabo dos días antes de que se cumpla un año de la desaparición de los estudiantes.
