La Fiscalía panameña informó a los fiscales que investigan los llamados papeles de Panamá, reunidos esta semana en La Haya, que la justicia de ese país no entregará documentos del despacho Mossack Fonseca cuando solo se investigue fraude fiscal, ya que ese delito no está recogido en su legislación.
Ese fue uno de los asuntos que discutieron en la ciudad holandesa autoridades judiciales de quince países europeos, que intercambiaron información sobre las investigaciones abiertas por los presuntos delitos desvelados en esos documentos, informaron a Efe fuentes jurídicas.
Los papeles de Panamá originaron un escándalo en abril de 2016 tras la filtración del supuesto uso de sociedades anónimas creadas por el bufete Mossack & Fonseca para el ocultamiento en 21 paraísos fiscales de fortunas obtenidas de forma irregular y la evasión fiscal de políticos y otros personajes de decenas de países de todo el mundo.
Al encuentro de La Haya, que se celebró el martes y miércoles bajo la organización de la Unidad de Cooperación Judicial de la Unión Europea (Eurojust), asistió la procuradora general de Panamá, Kenia Porcell, y el fiscal encargado del caso en ese país.
Los fiscales trasladaron al Ministerio Público de los países a los que afectan las filtraciones que la justicia panameña colaborará brindándoles la información incautada en el registro que se hizo al despacho, pero siempre que a las personas o empresas investigadas se les imputen delitos más allá del fraude fiscal.
Así, les explicaron que mandarán la información que los distintos países requieran vía comisión rogatoria si se investigan también otros delitos como falsedad, fraude, estafa, corrupción o incluso de enriquecimiento ilícito.
Las autoridades judiciales tendrán que detallar a Panamá, caso por caso, los indicios contra las personas o sociedades de las que pidan información y, una vez la justicia del país centroamericano estudie la petición, decidirá si accede a entregar la documentación original del despacho.
Esa información de los servidores de Mossack Fonseca, indicaron las fuentes, es clave para poder abrir un procedimiento contra cualquier implicado, ya que no se puede certificar el origen de los documentos publicados por los medios de comunicación hace un año, cuando estalló el escándalo, y por ello no son válidos como prueba.
Al encuentro organizado por Eurojust acudieron representantes de Alemania, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Francia, Grecia, Italia, Letonia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Suecia y el Reino Unido, así como de Estados Unidos.
