El viceministro de Asuntos Indígenas de Panamá, Feliciano Jiménez, dijo a Acan-Efe que la situación de los pueblos originarios en el país es muy precaria, y que tienen que pasar al menos 15 años para que las políticas empiecen a dar fruto y su calidad de vida mejore mínimamente.
Equiparar las condiciones de vida de los indígenas al resto de los panameños es casi impensable, pero sí creemos que es posible que en 15 años su situación mejore mínimamente y se solucionen problemas básicos como el acceso a agua, la sanidad o la educación, explicó Jiménez en una entrevista con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se celebra este miércoles.
En Panamá, existen cerca de 400.000 indígenas, alrededor del 11 % de la población total, de los cuales más del 90 % vive bajo el umbral de la pobreza.
Unas cifras que chocan frontalmente con el alto crecimiento económico que lleva experimentando el país desde hace una década y con los fastuosos rascacielos que abarrotan la capital.
La situación de los indígenas es consecuencia de un olvido arrastrado a lo largo de los años. El Gobierno de Juan Carlos Varela lleva solo 3 años, pero es uno de los que más inversiones ha hecho en las comarcas. Solo en la comarca Ngäbe-Buglé hemos invertido cerca de 400 millones de dólares, reivindicó el viceministro.
La comarca Ngäbe Buglé, ubicada en el Caribe panameño, es el territorio indígena más extenso del país y también el más pobre.
Según un estudio publicado por el Banco Mundial el pasado mayo, allí se encuentran los 10 territorios con mayores niveles de pobreza general y extrema de todo Panamá.
El corregimiento de Loma Yuca, en el distrito de Kusapín, es el que se lleva la palma, ya que tiene una tasa de pobreza general del 99 % y un tasa de pobreza extrema del 96,1 %, de acuerdo al estudio del Banco Mundial.
Jiménez explicó que, al igual que en otros muchos países del continente, a excepción de Bolivia, en Panamá nunca ha habido una política de Estado para atender la problemática indígena.
Los pocos esfuerzos que se han hecho han sido de manera fragmentada, aislada, colocando parches y más parches y sin atender íntegramente los problemas de esta población, afirmó el funcionario.
En el país centroamericano viven 7 etnias indígenas: Emberá, Wounaán, Kuna, Ngäbe, Buglé, Naso y Bri-Bri. Los Kuna, apuntó Jiménez, son los que disfrutan de una mayor autonomía, ya que tienen su gobierno, su cacique y sus propias leyes, pero no son un Estado dentro de otro Estado.
Para que exista un Estado tienen que darse 4 elementos: territorio, gobierno, independencia y población. Nosotros no tenemos independencia, indicó el funcionario.
Precisamente, esta falta de autonomía es la que lastra el progreso en las comunidades indígenas, según Jiménez.
Si tuviésemos más autonomía, tendríamos mucho más progreso. Nuestro problema es que hemos dependido mucho del Estado y el Estado ha decidido por nosotros. Si pudiésemos organizar nuestros impuestos, estoy casi seguro de que podríamos vivir mejor, declaró el viceministro.
Panamá es uno de los pocos países latinoamericanos que aún no han suscrito el conocido como Convenio 169, que fue aprobado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1989 y que está considerado el principal tratado internacional sobre derechos humanos de los pueblos indígenas.
Dicho tratado obliga a los Estados que lo ratifican a consultar con las comunidades nativas aquellas medidas legislativas y administrativas que afecten directamente a sus costumbres y es una de las principales reivindicaciones de los movimientos indígenas panameños.
El presidente del país, Juan Carlos Varela, ha prometido una y otra vez que antes de terminar sus mandato suscribirá el convenio, pero de momento no hay ningún movimiento a la vista y los pueblos indígenas siguen esperando.
