La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento) aprobó hoy la apertura de una investigación a seis empresas que presuntamente recibieron grandes sumas de divisas a una tasa preferencial para comprar alimentos que "nunca" llegaron a los anaqueles.
El diputado opositor Julio Montoya aseguró que más de "581 millones de dólares se asignaron a dedo" a esas seis empresas, "sin ningún tipo de control, para supuestamente importar comida que hoy no se consigue", según un comunicado de la comisión parlamentaria.
El diputado explicó en una sesión de la comisión que a las compañías supuestamente le fueron asignados montos en dólares por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) y por el Centro de Comercio Exterior (CENCOEX), organismos estatales responsables del monopolio de divisas venezolano.
Según Montoya las empresas señaladas fueron identificadas como Inversiones 4528, Inversiones Pro-Image de Venezuela, Distribuidora Pasta Granoro, Importaciones Millecose, Industria y Procesadora de Cereales INPROCECA y Representaciones Orval.
Los montos asignados fueron liquidados entre 2004 y 2012, según la información de Montoya, que además señaló el hecho de que estas compañías tengan "la misma dirección fiscal", y que, según él, no cuenten con ningún trabajador.
Aseguró que las empresas están relacionadas directamente con el banquero venezolano Maurio Lebi Crestani, quien además, dijo, es accionista de una docena de compañías del sector de alimentos, inversiones e inmobiliario en Estados Unidos y Panamá.El legislador resaltó que una de las firmas involucradas, Inversiones 4528, figura en una lista de empresas investigadas por la Fiscalía por el presunto uso indebido de divisas preferenciales, sin que a la fecha se tengan resultados de la investigación.
El diputado opositor Freddy Guevara, presidente de la comisión, indicó que la investigación será incorporada a un expediente abierto en febrero sobre casos similares.
Venezuela se rige por un sistema de control cambiario que opera desde 2003, en el que el Estado tiene el monopolio de la administración de divisas, que son vendidas a distintas tasas según la prioridad.
