El gobierno peruano exigió el viernes a Interpol acelerar la activación de la alerta roja a nivel mundial para capturar al expresidente Alejandro Toledo sobre quien pesa una orden de prisión preventiva por presuntamente recibir millonarios sobornos de la brasileña Odebrecht.
Ofreció a su vez una recompensa de 30.000 dólares a quien brinde datos certeros sobre el paradero de Toledo, un día después que un juez dio luz verde al pedido de un fiscal anticorrupción para arrestar al exgobernante.
Se cree que Toledo estaría en Paris, desde donde se comunicó con una televisora local el domingo o en California donde es académico invitado en la Universidad de Stanford.
Hasta las 1200 GMT del viernes no se ha difundido la notificación roja, se quejó el Ministerio del Interior en un comunicado. Se invoca a la Interpol a actuar con la mayor celeridad posible ante alto riesgo de fuga en caso Toledo.
La entidad ministerial colocó en su página de internet la fotografía del expresidente en la lista de recompensas y en la que figuran los delincuentes prófugos más notorios del país.
En la víspera, un juez ordenó la captura y prisión preventiva por 18 meses de Toledo, de 70 años, a quien la fiscalía acusa de recibir 20 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para ayudarle a obtener una licitación para construir una carretera clave que une el estado brasileño de Acre y la costa del Pacífico de Perú.
La fiscalía acusa a Toledo (2001-2006) de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias tras obtener la confesión del colaborador y exrepresentante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, quien es uno de los 77 ejecutivos de la constructora que han confesado en Brasil que Odebrecht repartió sobornos en Latinoamérica y África.
Toledo llegó a la presidencia tras luchar contra el gobierno de Alberto Fujimori, quien en 2000 -en el décimo año de su administración- huyó a Japón, desde donde renunció al puesto, agobiado por los escándalos de corrupción. Ahora Fujimori, de 78 años, está preso en Lima y cumple una condena de 25 años por asesinato y corrupción.
