Bogotá/EFE
El guatemalteco Alfonso Portillo es el primer expresidente constitucional latinoamericano que recibe condena en el extranjero, aunque hay otro, el boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada, que corre el riesgo de acabar también ante la justicia de EE.UU., de acuerdo con un reciente fallo judicial.
El juez federal James Patterson, de Nueva York, condenó hoy a cinco años y diez meses de cárcel a Portillo (2000-2004) por el delito de "abuso de la confianza pública" y le obligó a devolver los 2,5 millones de dólares que aceptó del Gobierno de Taiwán a cambio de reconocer diplomáticamente a ese país asiático.
Portillo fue juzgado en EE.UU., país al que fue extraditado hace un año, porque lavó el dinero de los sobornos en bancos de ese país.
Mucho antes que Portillo, en 1992, había sido condenado en EE.UU. el general panameño Antonio Noriega, pero ejerció el poder de "facto" y nunca fue elegido presidente como el guatemalteco.
El dos veces presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), radicado en EE.UU. desde que en 2003 huyó de su país en medio de una ola de protestas sociales que fueron fuertemente reprimidas, puede llegar también a estar frente a un tribunal estadounidense.
Esta semana un juez de Miami, James Cohn, señaló en un fallo que ve indicios "convincentes" para que avance una demanda presentada en su contra en EE.UU. por violaciones de los derechos humanos por parte de familiares de ocho de las víctimas de la represión en 2003.
El Gobierno boliviano pidió a EE.UU. su extradición, pero la primera solicitud fue rechazada en 2012, y actualmente la Fiscalía del país andino tramita una segunda para que el exmandatario, que ya fue juzgado y condenado en ausencia en su país por genocidio, sea entregado a las autoridades bolivianas.
El peruano Alberto Fujimori (1990-2000) fue extraditado a Perú desde Chile en 2007 y cumple condenas por más de 30 años de cárcel por violaciones de los derechos humanos y por corrupción, pero todavía no ha terminado de rendir cuentas ante la justicia.
Actualmente es juzgado por la acusación de haber "comprado" con dinero del Estado la línea editorial de un grupo de diarios cuando era presidente, con el fin de ser reelegido.
En 2013, el argentino Carlos Menem (1989-1999) fue condenado a siete años de prisión por un delito de contrabando de armas a Croacia y Ecuador entre 1991 y 1995, después de que se revocara el fallo absolutorio de un tribunal de primera instancia.
Menem, que había cumplido arresto domiciliario hace más de 10 años por el mismo caso, no fue, sin embargo, a la cárcel por sus fueros como senador, cargo que ejerce desde 2005.
En Costa Rica, dos expresidentes, Rafael ngel Calderón (1990-1994) y Miguel ngel Rodríguez (1998-2002), fueron condenados en 2009 y 2011, respectivamente, en juicios separados por corrupción, cada uno a cinco años de cárcel, aunque Rodríguez finalmente fue absuelto en 2012 por un tribunal de apelaciones del Supremo, que revocó la condena y anuló la sentencia en su contra.
En el caso de Calderón, la sentencia fue confirmada por la Corte Suprema en 2011 y tiene que ver con un préstamo finlandés al Estado costarricense para la compra de equipos médicos.
El brasileño Fernando Collor de Melo (1990-1992), al que el Senado de su país destituyó e inhabilitó en un juicio político por corrupción, fue juzgado ya siendo expresidente por la Corte Suprema y absuelto por falta de pruebas en 1994.
Al igual que el boliviano Sánchez de Lozada, el expresidente argentino Fernando de la Rúa (1999-2001) también tuvo problemas con la justicia por la represión de las protestas que condujeron a su renuncia en 2001, en las que murieron una treintena de personas, pero en 2012 la justicia ordenó el sobreseimiento de la causa.
Además, la Justicia argentina absolvió en 2013 a de la Rúa (1999-2001) y a otros siete acusados de haber pagado sobornos a senadores para la aprobación de una polémica reforma laboral.
El hoy presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, llegó a estar procesado por asesinato en Ecuador cuando era ministro de Defensa por un ataque militar colombiano a un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano en 2008, pero el caso fue sobreseído.
Al expresidente de Colombia lvaro Uribe (2002-2010) quisieron obligarle a testificar ante la justicia de EE.UU. en el denominado "caso Drummond", por asesinatos de sindicalistas a manos de paramilitares, pero un juez federal en Washington archivó el proceso en 2011 en reconocimiento a su inmunidad como exjefe de Estado.
El mexicano Ernesto Zedillo (1994-2000) fue demandado en 2011 en EE.UU. en relación con una matanza de indígenas cometida en 1997, pero un juez de Connecticut desestimó en 2013 la demanda y un tribunal de apelación ratificó esa decisión en febrero pasado.
En Perú los expresidentes Alan García (1985-1990 y 2006-2011) y Alejandro Toledo (2001-2006) están bajo investigación del Congreso por presuntos casos de corrupción y de enriquecimiento ilícito.
García, después de su primer mandato, fue procesado por varios casos de corrupción como "reo ausente" y "contumaz", pues se exilió en Colombia, pero fue absuelto de todas las acusaciones después de la salida de Fujimori del Gobierno.
También por un delito relacionado con dinero procedente de Taiwán, como es el caso de Portillo, le reclama la justicia al expresidente salvadoreño Francisco Flores (1999-2004).
Flores, que esta prófugo y, según algunas versiones, puede encontrarse en Panamá, país al que la Corte Suprema de El Salvador autorizó hoy pedir su extradición, está acusado de haberse apropiado de 15 millones de dólares de donaciones hechas por Taiwán. EFE
ar/dmt
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El guatemalteco Alfonso Portillo es el primer expresidente constitucional latinoamericano que recibe condena en el extranjero, aunque hay otro, el boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada, que corre el riesgo de acabar también ante la justicia de EE.UU., de acuerdo con un reciente fallo judicial.
El juez federal James Patterson, de Nueva York, condenó hoy a cinco años y diez meses de cárcel a Portillo (2000-2004) por el delito de "abuso de la confianza pública" y le obligó a devolver los 2,5 millones de dólares que aceptó del Gobierno de Taiwán a cambio de reconocer diplomáticamente a ese país asiático.
Portillo fue juzgado en EE.UU., país al que fue extraditado hace un año, porque lavó el dinero de los sobornos en bancos de ese país.
Mucho antes que Portillo, en 1992, había sido condenado en EE.UU. el general panameño Antonio Noriega, pero ejerció el poder de "facto" y nunca fue elegido presidente como el guatemalteco.
El dos veces presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), radicado en EE.UU. desde que en 2003 huyó de su país en medio de una ola de protestas sociales que fueron fuertemente reprimidas, puede llegar también a estar frente a un tribunal estadounidense.
Esta semana un juez de Miami, James Cohn, señaló en un fallo que ve indicios "convincentes" para que avance una demanda presentada en su contra en EE.UU. por violaciones de los derechos humanos por parte de familiares de ocho de las víctimas de la represión en 2003.
El Gobierno boliviano pidió a EE.UU. su extradición, pero la primera solicitud fue rechazada en 2012, y actualmente la Fiscalía del país andino tramita una segunda para que el exmandatario, que ya fue juzgado y condenado en ausencia en su país por genocidio, sea entregado a las autoridades bolivianas.
El peruano Alberto Fujimori (1990-2000) fue extraditado a Perú desde Chile en 2007 y cumple condenas por más de 30 años de cárcel por violaciones de los derechos humanos y por corrupción, pero todavía no ha terminado de rendir cuentas ante la justicia.
Actualmente es juzgado por la acusación de haber "comprado" con dinero del Estado la línea editorial de un grupo de diarios cuando era presidente, con el fin de ser reelegido.
En 2013, el argentino Carlos Menem (1989-1999) fue condenado a siete años de prisión por un delito de contrabando de armas a Croacia y Ecuador entre 1991 y 1995, después de que se revocara el fallo absolutorio de un tribunal de primera instancia.
Menem, que había cumplido arresto domiciliario hace más de 10 años por el mismo caso, no fue, sin embargo, a la cárcel por sus fueros como senador, cargo que ejerce desde 2005.
En Costa Rica, dos expresidentes, Rafael ngel Calderón (1990-1994) y Miguel ngel Rodríguez (1998-2002), fueron condenados en 2009 y 2011, respectivamente, en juicios separados por corrupción, cada uno a cinco años de cárcel, aunque Rodríguez finalmente fue absuelto en 2012 por un tribunal de apelaciones del Supremo, que revocó la condena y anuló la sentencia en su contra.
En el caso de Calderón, la sentencia fue confirmada por la Corte Suprema en 2011 y tiene que ver con un préstamo finlandés al Estado costarricense para la compra de equipos médicos.
El brasileño Fernando Collor de Melo (1990-1992), al que el Senado de su país destituyó e inhabilitó en un juicio político por corrupción, fue juzgado ya siendo expresidente por la Corte Suprema y absuelto por falta de pruebas en 1994.
Al igual que el boliviano Sánchez de Lozada, el expresidente argentino Fernando de la Rúa (1999-2001) también tuvo problemas con la justicia por la represión de las protestas que condujeron a su renuncia en 2001, en las que murieron una treintena de personas, pero en 2012 la justicia ordenó el sobreseimiento de la causa.
Además, la Justicia argentina absolvió en 2013 a de la Rúa (1999-2001) y a otros siete acusados de haber pagado sobornos a senadores para la aprobación de una polémica reforma laboral.
El hoy presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, llegó a estar procesado por asesinato en Ecuador cuando era ministro de Defensa por un ataque militar colombiano a un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano en 2008, pero el caso fue sobreseído.
Al expresidente de Colombia lvaro Uribe (2002-2010) quisieron obligarle a testificar ante la justicia de EE.UU. en el denominado "caso Drummond", por asesinatos de sindicalistas a manos de paramilitares, pero un juez federal en Washington archivó el proceso en 2011 en reconocimiento a su inmunidad como exjefe de Estado.
El mexicano Ernesto Zedillo (1994-2000) fue demandado en 2011 en EE.UU. en relación con una matanza de indígenas cometida en 1997, pero un juez de Connecticut desestimó en 2013 la demanda y un tribunal de apelación ratificó esa decisión en febrero pasado.
En Perú los expresidentes Alan García (1985-1990 y 2006-2011) y Alejandro Toledo (2001-2006) están bajo investigación del Congreso por presuntos casos de corrupción y de enriquecimiento ilícito.
García, después de su primer mandato, fue procesado por varios casos de corrupción como "reo ausente" y "contumaz", pues se exilió en Colombia, pero fue absuelto de todas las acusaciones después de la salida de Fujimori del Gobierno.
También por un delito relacionado con dinero procedente de Taiwán, como es el caso de Portillo, le reclama la justicia al expresidente salvadoreño Francisco Flores (1999-2004).
Flores, que esta prófugo y, según algunas versiones, puede encontrarse en Panamá, país al que la Corte Suprema de El Salvador autorizó hoy pedir su extradición, está acusado de haberse apropiado de 15 millones de dólares de donaciones hechas por Taiwán. EFE
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