El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó hoy con recortar fondos a las llamadas ciudades santuario, aquellas que se niegan a colaborar con las autoridades federales para deportar a los indocumentados y a los inmigrantes que han cometido algún crimen.
El Ejecutivo ya había formulado esta amenaza anteriormente, pero hoy el fiscal general, Jeff Sessions, dio un ultimátum a las alrededor de 200 entidades locales que protegen de la deportación a los inmigrantes y entre las que se incluyen grandes urbes dirigidas por la oposición demócrata, como Los Ángeles, Chicago y Nueva York.
Cuando las ciudades y los estados se niegan a ayudarnos a hacer cumplir nuestras leyes, nuestro país es menos seguro. No deportar a los inmigrantes que han sido condenados por crímenes pone a todas nuestras comunidades en riesgo, afirmó Sessions, que apareció por sorpresa en la rueda de prensa diaria de la Casa Blanca.
El presidente ya dijo correctamente que esta desobediencia a la ley debe terminar, añadió.
De esa forma, Sessions anunció que el Departamento de Justicia dejará de otorgar subvenciones a las ciudades y condados que permitan la puesta en libertad de los inmigrantes que han cometido un crimen y que se nieguen a informar a las autoridades migratorias sobre el estatus migratorio de sus detenidos
El Departamento de Justicia tomará todos los pasos necesarios para recuperar cualquier fondo que se haya dado a una jurisdicción que deliberadamente incumpla la ley, dijo.
Las subvenciones del Departamento de Justicia incluyen fondos para el entrenamiento de la policía local y partidas económicas para la adquisición de nuevo equipo, como las cámaras corporales que incorporaron a sus uniformes agentes de ciudades como Baltimore (Maryland) tras episodios de tensión racial.
En el año fiscal actual (del 1 de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2017), el presupuesto del Departamento de Justicia destinado a subvenciones asciende a 4.100 millones de dólares, según dijo Sessions.
Asaltos, robos, delitos de drogas, crímenes de pandillas, violaciones, crímenes contra niños y asesinatos. Innumerables estadounidenses seguirían vivos hoy en día si las políticas de estas ciudades santuario hubieran sido suprimidas, consideró hoy Sessions en su intervención.
Puso de ejemplo el caso de Kate Steinle, una mujer de 32 años que murió en 2015 por el disparo de un inmigrante indocumentado, mientras caminaba por un muelle de San Francisco con su padre.
El sospechoso, Juan Francisco López Sánchez, había sido deportado varias veces y tenía varias condenas por delitos graves en su expediente cuando acabó con la vida de la joven, un caso que alcanzó gran popularidad y que Trump citó en varias ocasiones durante la campaña presidencial de 2016.
En la campaña, Trump amenazó con desmantelar las ciudades santuario y, después de tomar posesión, el 25de enero, firmó una orden ejecutiva para ordenar que se interrumpiera la concesión de fondos a las entidades locales que se nieguen a cooperar con las autoridades federales.
Desde entonces, los líderes de estas ciudades santuario, como el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, han rechazado las exigencias de Trump y han asegurado que sus ciudades seguirían sin colaborar con las autoridades migratorias y protegerán a los inmigrantes de la deportación.
En respuesta al anuncio de Sessions, el fiscal general del estado de Nueva York, el demócrata Eric Schneiderman, aseguró hoy que su oficina se asegurará de que las entidades locales tienen las herramientas que necesitan para proteger a las comunidades inmigrantes.
Además, Schneiderman apuntó que Trump carece de autoridad constitucional para recortar los fondos federales, y reiteró que las ciudades, condados y estados tienen amplias facultades bajo la Constitución para negarse a colaborar con las autoridades migratorias.
Frente al rechazo de los demócratas, varios dirigentes republicanos como el gobernador de Texas, Greg Abbott, mostraron hoy su apoyo a la ofensiva del Gobierno contra las ciudades santuario.
Aplaudo la audaz acción de hoy del fiscal general Sessions para poner fin a las políticas de las ciudades santuario que ponen en peligro la vida de los estadounidenses, dijo en un comunicado Abbott, quien quiere acabar con las ciudades santuario de su estado, el segundo con mayor población hispana.
Sessions cifró hoy en unos 200 el número de entidades locales que se niegan a colaborar con las autoridades federales, aunque algunas organizaciones afirman que el número asciende a 300.
El tema de las ciudades santuario ha evidenciado la división entre el Estados Unidos rural, tradicionalmente religioso y republicano, y la parte del país más urbana y progresista con gran cantidad de extranjeros y que ha liderado la resistencia contra Trump.
