El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, reconoció hoy que el Estado "violó" su obligación de respetar los derechos fundamentales durante la operación militar para acabar con la ocupación guerrillera del Palacio de Justicia de Bogotá y pidió perdón por lo ocurrido hace treinta años.
"Hoy reconozco la responsabilidad del Estado colombiano y pido perdón" por las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y tratos crueles a los que fueron sometidos sobrevivientes del Palacio de Justicia, dijo Santos sobre los hechos acaecidos el 6 y 7 de noviembre de 1985.
El día 6 el Movimiento 19 de Abril (M-19) tomó a sangre y fuego el Palacio de Justicia e hizo rehenes a casi 300 personas, a lo que siguió una operación militar que concluyó el día 7 y fue también sangrienta.
Oficialmente murieron 94 personas, decenas resultaron heridas y once desaparecieron en aquellos hechos.
Según Santos, "con estos hechos el Estado violó el deber de respeto y garantía a los derechos a la vida, a la libertad personal, a la integridad personal y al reconocimiento de la personalidad jurídica, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo primero de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada".
"Aquí se presentó una acción lamentable, absolutamente condenable, del M-19, pero, si hubo fallas en la conducta y procedimientos de los agentes del Estado, así debe reconocerse", agregó el presidente.
Con estas palabras Santos cumplió con una sentencia dictada en 2014 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), la cual declaró "responsable internacionalmente al Estado de Colombia por ciertas violaciones de derechos humanos" durante la retoma del Palacio de Justicia y le exigió pedir perdón y castigar a los culpables.
"Todavía persiste una deuda moral con las víctimas y familiares del Palacio de Justicia que deberá ser saldada con avances significativos en las investigaciones penales, la condena de los responsables, el establecimiento del paradero de los desaparecidos, la adecuada reparación a las víctimas y sus familiares y -sobre todo- el esclarecimiento de la verdad", agregó.
Once magistrados de la Corte Suprema, incluido su presidente, Alfonso Reyes Echandía, quien intentó en vano que el entonces jefe de Estado, Belisario Betancur (1982-1986), ordenara un cese el fuego para salvar la vida de los casi 300 rehenes tomados por el M-19, murieron en los hechos ocurridos hace 30 años.
Santos hizo un llamado a la paz y al perdón, así como a la reconciliación, y prometió a los familiares de los desaparecidos en el Palacio de Justicia no descansar ni "ahorrar ningún esfuerzo para encontrarlos".
Para Reyes Echandía y "para los demás magistrados, funcionarios y personas que fallecieron, que se encuentran desaparecidas o que fueron afectadas en su integridad personal" el mandatario tuvo un recuerdo especial.
"Han pasado 30 años y los recuerdos siguen vivos en todos nosotros: la angustia, las llamas, la operación de rescate, la zozobra institucional", señaló.
