La presidenta brasileña Dilma Rousseff parecía el lunes estar al borde de perder su puesto después de que legisladores en el Congreso votaran a favor de iniciar un proceso de juicio político en su contra y mientras parece que el apoyo a la mandataria se evapora en el Senado, el cual votará para decidir si quita del poder a la líder izquierdista en medio de una crisis política y económica.
La votación del domingo por la noche, por 367-137 a favor del juicio político, superó con creces los 342 votos necesarios para que remitir el proceso al Senado, donde un voto por mayoría decidirá si Rousseff es juzgada y suspendida de forma temporal, con lo que el vicepresidente Michel Temer asumiría el mando provisional. No hay una fecha fijada para el voto en el Senado, aunque se espera que sea a mediados del mes que viene.
La prensa local reporta que 45 de 81 senadores han dicho que votarán a favor del juicio político.
Bajo el complicado proceso del juicio político, podrían pasar hasta 40 días para que el Senado vote. Y un eventual juicio y votación final podría tardar meses.
El legislador del Partido de los Trabajadores (PT) José Guimaraes, líder del gobierno en la cámara baja, dijo a los reporteros el lunes que se reunió con la presidenta "y es impresionante lo animada que está''.
Guimaraes agregó que él y otros colaboradores cercanos le reafirmaron su lealtad a la presidenta y dijo que la estrategia del gobierno será ``soportar el golpe de estado en el Senado''.
Este proceso empeora el panorama político del país a medida que Brasil, afectado por un enorme escándalo de corrupción, se prepara para ser sede de los Juegos Olímpicos en agosto.
La votación contra Rousseff ha dividido mucho a los brasileños, y miles de ellos se manifestaron frente al Congreso durante la votación.
Muchos brasileños consideran a Rousseff responsable por toda una serie de problemas, desde la devastadora recesión a los crónicos altos impuestos y malos servicios públicos. Al mismo tiempo, una amplia franja de la población culpa a su Partido de los Trabajadores por el aumento en la pobreza y considera que la votación es antidemocrática.
"Estoy contenta porque creo que Dilma tenía que irse, pero también estoy triste de que llegáramos a esto y muy preocupada de que el próximo presidente pueda ser aún peor'', dijo Patricia Santos, de 52 años, propietaria de un pequeño negocio y que estaba entre unos 60.000 manifestantes a favor y en contra del gobierno congregados ante el Congreso.
"Tiemblo de pensar lo que nos espera ahora''.
Ni Rousseff y Temer han comentado públicamente sobre la votación, pero la prensa sugiere que el vicepresidente ya está conformando a su equipo y bosquejando potenciales políticas.
"Ahora viene la parte difícil'', publicó el diario Folha de S. Paulo citando a Temer en reunión con asesores en su oficina después de la caótica sesión legislativa de seis horas del domingo.
Rousseff está acusada de violar las leyes fiscales al utilizar trucos contables para mantener el gasto del gobierno. Señalando que no se la acusa de ningún delito, insiste en que la impugnación es un "golpe'' y ha prometido que no renunciará.
Los enemigos de Rousseff mantienen que las maniobras presupuestarias eran un intento de recabar apoyo popular mientras Brasil caía en su peor recesión en décadas.
La presidente alega que otros presidentes han utilizado las mismas técnicas contables sin repercusiones, e insiste en que las acusaciones son poco más que una débil excusa de la elite gobernante tradicional de Brasil para arrebatar el poder al Partido de los Trabajadores, que gobierna desde 2003.
La votación del domingo se produjo unos 24 años después de que la cámara baja abriera los procedimientos de impugnación en 1992 contra Fernando Collor de Mello, el primer presidente elegido democráticamente en Brasil tras más de dos décadas de gobierno militar. Collor afrontaba acusaciones de corrupción y terminó renunciando antes de que el proceso de juicio político concluyera en el Senado.
El abogado del Estado, José Eduardo Cardozo, dijo tras la votación que Rousseff no dimitiría y que hablaría sobre la situación el lunes. También apuntó a que podría presentarse una apelación ante el Tribunal Supremo Federal, el más alto tribunal brasileño.
Luciano Dias, un consultor político con sede en Brasilia, señaló que en definitiva, Rousseff "cometió los mismos errores que el presidente Fernando Collor''.
Tomó demasiados recursos del sector privado, fue arrogante con el Congreso durante mucho tiempo y sus políticas económicas eran sencillamente erróneas'', dijo.
Rousseff, una antigua guerrillera que fue torturada durante la dictadura militar, fue seleccionada a dedo por el carismático expresidente Luiz Inácio Lula da Silva para sucederle, convirtiéndose en la primera mujer presidenta en Brasil.
Pero tras siete años de rápido crecimiento bajo el gobierno de Lula, la economía empezó a flaquear después de que Rousseff tomara el mando en 2011, y en 2014 logró la reelección por poco tras protestas generalizadas el año anterior. Su índice de popularidad ha bajado al mismo ritmo que la economía, y los sondeos de opinión indican que la mayoría de los brasileños está a favor de su marcha, aunque muchos parecen tener reservas sobre los que están en la línea de sucesión.
Temer, el vicepresidente, se ha visto implicado en el enorme entramado de corrupción centrado en la petrolera estatal Petrobras. Además, también podría afrontar su propio juicio político porque firmó algunas de las maniobras fiscales por las que se persigue a Rousseff.
El segundo en la línea de sucesión, el presidente de la cámara de diputados Eduardo Cunha, ha sido acusado de recibir 5 millones de dólares en sobornos en la red corrupta de Petrobras.
Cunha fue la fuerza impulsora del juicio político, una ironía que no se ha escapado al bando del gobierno.
"La presidenta perdió la capacidad de gobernar hace tiempo. Cayó al fondo del pozo'', dijo Cunha, añadiendo que "ahora Brasil tiene que salir del pozo''.
Durante la votación de seis horas, un ambiente circense reinó en el Congreso. Los legisladores vestían capas con banderas de Brasil y cintas rojas mientras vitoreaban, abucheaban, cantaban y se hacían fotos sin parar mientras avanzaban entre la muchedumbre para llegar al micrófono y proclamar sus votos.
Los partidarios del juicio político mencionaron a Dios, la familia y a Brasil para justificar su decisión y con frecuencia dijeron que la impugnación ayudaría a poner fin a la corrupción endémica en el país.
Robert Silva, que recogía latas vacías en la marcha a favor del juicio político ante el Congreso, dijo que no pensaba que nada que ocurriera tras los muros del edificio pudiera ayudar mucho a la gente como él.
"Con Dilma, mi vida es así'', dijo señalando a su carro de supermercado lleno de latas aplastadas de aluminio. "Sólo espero que quien llegue después no sea peor''.
Gerivaldo Oliveira, un taxista de Brasilia, dice que aplaudiría tal iniciativa. "Quiero ver a todos los políticos corruptos en la cárcel. Brasil necesita un estado limpio o estaremos perdidos''.
