Un grupo de siete mujeres están encarceladas en El Salvador con condenas entre los 15 y los 30 años de cárcel tras sufrir, cada una, una emergencia obstétrica y ser procesadas por la Justicia del país centroamericano por el delito de homicidio, al supuestamente abortar.
Asimismo, una salvadoreña espera la resolución de su proceso penal en prisión y cuatro mujeres más enfrentan sus procesos penales en libertad, de acuerdo con datos proporcionados a Efe por la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador.
De las siete mujeres encarceladas, Berta y Jacqueline —como han sido identificadas— fueron condenadas a 15 años de prisión: Berta lleva 7 años en la cárcel y Jacqueline cumple 10 años encarcelada, según la información.
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Las otras cinco salvadoreñas, identificadas simplemente como Ana, Maritza, Rosario, Glenda y Liliana, recibieron una sentencia de 30 años de prisión.
Ana fue enviada a la cárcel en 2012, Maritza en 2008, Rosario en 2010, Glenda en 2013 y Liliana en 2016.
Estas salvadoreñas han sido procesadas y condenadas por el delito de homicidio agravado o homicidio agravado en grado de tentativa.
En El Salvador, las mujeres que sufren complicaciones del embarazo que dan lugar a abortos espontáneos y mortinatos son habitualmente sospechosas de haberse practicado un aborto, prohibido en todas las circunstancias y son procesadas bajo el cargo de homicidio agravado, cuya pena de cárcel es de 30 años.
Recientemente, cuatro mujeres condenadas a altas penas de prisión por supuesto aborto y liberadas en los últimos meses abogaron por la libertad de las salvadoreñas que siguen presas tras sufrir emergencias obstétricas.
En las últimas dos décadas, alrededor de 181 mujeres que experimentaron emergencias obstétricas "fueron procesadas por aborto u homicidio agravado en El Salvador", según indicó recientemente la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. Desde 2009, son 62 las mujeres que han sido liberadas.
El país centroamericano se encuentra lejos de legalizar el aborto, puesto que, por un lado, el presidente Nayib Bukele ha reafirmado su posición en contra y, por otra parte, la Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, no da señales de promover, analizar y aprobar legislaciones sobre el tema.
