La Corte Suprema de Justicia ordenó a la Presidencia de Colombia diseñar y ejecutar un plan que dé soluciones definitivas a la desnutrición y a la falta de acceso al agua que padecen los niños indígenas wayúu que viven en el caribeño departamento de La Guajira, informaron hoy fuentes oficiales.
Según la decisión del Alto Tribunal, la Presidencia de Colombia debe diseñar y ejecutar un plan eficaz que dé solución integral y definitiva a las dificultades de desnutrición, salud y falta de acceso al agua potable y salubre a los niños wayúu que habitan en los municipios Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao.
También determinó que los planes deben estar ajustados a tiempos razonables y reales para la materialización de las iniciativas.
En diciembre de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado colombiano atender la desnutrición de niños y adolescentes de las comunidades de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao del pueblo wayúu, así como adoptar medidas para preservar la vida y la integridad de los pequeños.
La CIDH consideró que los niños están en riesgo debido a la presunta falta de acceso a agua potable y el estado de desnutrición, situación que, según el organismo, causó la muerte a 4.770 niños entre 2007 y 2015.
La Corte Suprema de Justicia recuerda que ya está en marcha un plan que busca superar la crisis, pero que ello no es óbice para acabar definitivamente con los problemas de desnutrición, mal estado de salud y falta de acceso al agua potable de los niños wayúu.
En ese sentido, la Sala de Casación Civil ordenó al Ministerio de Ambiente desarrollar acciones para prevenir el riesgo ecológico de la desaparición de las fuentes hídricas de esa región para proveer el acceso al agua potable.
El fenómeno de El Niño, que afectó en meses pasados al país, acentuó la sequía en La Guajira, habitado principalmente por los wayúu.
Al Ministerio de Agricultura la Corte le ordena ayudar a diseñar planes que impulsen el sector agropecuario, pesquero y rural de la zona.
Por último, la Corte le ordena a la Presidencia de Colombia rendir cuentas mensualmente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, la capital de La Guajira, sin perjuicio de los informes que debe remitir a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría.
