El canciller panameño afirma que varios países reconocen que el Canal es de Panamá

El canciller panameño, Javier Martínez-Acha, dijo ayer domingo que países como Portugal, Ghana o Argentina «entienden la realidad» de Panamá y «reconocen, sin ninguna duda», su soberanía sobre el Canal, que ha sido objeto de amenazas del presidente de EE.UU., Donald Trump, alegando una influencia china que es negada por las autoridades panameñas.

Martínez-Acha aprovechó su presencia en la entronización del papa León XIV para «saludar al primer ministro de Canadá, Mark Carney, y al presidente de Paraguay, Santiago Peña», y conversar «con los ministros de Relaciones Exteriores de Portugal, Paulo Rangel; Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa; Argentina, Gerardo Werthein; Chile, Alberto van Klaveren, y Costa Rica, Arnoldo Tinoco».

«Intercambiamos opiniones con jefes de Estado, primeros ministros y cancilleres, quienes están en sintonía con Panamá y nuestra causa. Expresaron una gran solidaridad con nuestro país porque entienden perfectamente nuestra realidad y reconocen, sin ninguna duda, que el Canal es nuestro», declaró Martínez-Acha, según informó un comunicado oficial.

El Canal de Panamá ha estado en los últimos meses en el centro de una diatriba de Trump, que afirma que lo recuperará para EE.UU. por la influencia en la vía de China, un extremo que ha negado reiteradamente el presidente panameño, José Raúl Mulino.

EE.UU. construyó a inicios del siglo XX el Canal y lo operó por más de 80 años, hasta su traspaso a Panamá hace 25 años, tal como lo establecieron los Tratados Torrijos-Carter de 1977. La vía se rige por un Tratado de Neutralidad que está vigente desde octubre de 1979 y que han suscrito unos 40 países.

Estados Unidos es el principal usuario del paso navegable de 82 kilómetros, con más del 70 % de la carga que lo cruza saliendo o con destino a ese país. Le siguen China y Japón.

En este contexto, las carteras de seguridad de Panamá y EE.UU. firmaron recientemente unos acuerdos que han sido objeto de controversia en el territorio panameño porque amplían la presencia temporal y rotativa de personas castrense estadounidense.

Los críticos afirman que los convenios violan el Tratado de Neutralidad, y han activado recursos ante el Supremo panameño para anularlos. La Administración de Mulino niega esa denuncia alegando que no se contempla el establecimiento de bases militares estadounidenses en el país.

En Panamá, un país que solo cuenta con policías especializadas pues abolió su Ejército en 1990 tras la invasión de Estados Unidos en diciembre de 1989, no existen bases militares de EE.UU. en razón de los Tratados Torrijos-Carter de 1977.

Los acuerdos con EE.UU. «refuerzan la capacidad de lucha» de Panamá «en temas de delitos internacionales como narcotráfico, lavado de dinero, ciberterrorismo, etc.», ha dicho Mulino, que ha hablado de la necesidad de «actualizar» las fuerzas de seguridad del país «en todos esos aspectos», y ha sostenido que «la soberanía de Panamá no está en juego, ni se entrega, ni se regala».