Redacción web
Estadísticas basadas en cifras de la Oficina Nacional para la Atención a Refugiados, ONPAR en la República de Panamá han sido reconocidas 2,208 personas como refugiadas.
Estadísticas basadas en cifras de la Oficina Nacional para la Atención a Refugiados, ONPAR en la República de Panamá han sido reconocidas 2,208 personas como refugiadas.
La mayoría de las personas refugiadas en Panamá provienen de países de la
región, como: Colombia, El Salvador, Nicaragua, Venezuela; pero también hay
algunos refugiados que son de otras regiones geográficas, por ejemplo de países
del continente africano.
De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de
los Refugiados de 1951, un refugiado es una persona que "debido a fundados
temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad,
pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre
fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no
quiera acogerse a la protección de su país; o que careciendo de nacionalidad y
hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes
tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores no quiera
regresar a él".
La mayoría de las personas pueden buscar de parte de sus gobiernos la
garantía de que sus derechos básicos sean respetados así como asegurar su
seguridad física. En el caso de los refugiados, el país de origen ha probado ser
incapaz o no muestra su disposición de proteger tales derechos. Así, el ACNUR ha
recibido el mandato de asegurar que los refugiados sean protegidos en el país de
asilo, asistiendo a los gobiernos en la medida de lo posible a cumplir con esta
tarea.
Un refugiado tiene derecho de asilo en condiciones de seguridad. Sin embargo, la protección internacional incluye algo más que la propia seguridad física. Los refugiados deberían recibir al menos la ayuda básica y los mismos derechos que cualquier otro extranjero que sea residente legal. Así, los refugiados tienen derechos civiles básicos, incluyendo la libertad de pensamiento, de movimiento, y el derecho al respeto como persona. De igual forma, los derechos económicos y sociales se aplican a los refugiados al igual que a otros individuos: derecho a asistencia médica, derecho a trabajar para los adultos, y derecho a la escolarización para los niños.
Un refugiado tiene derecho de asilo en condiciones de seguridad. Sin embargo, la protección internacional incluye algo más que la propia seguridad física. Los refugiados deberían recibir al menos la ayuda básica y los mismos derechos que cualquier otro extranjero que sea residente legal. Así, los refugiados tienen derechos civiles básicos, incluyendo la libertad de pensamiento, de movimiento, y el derecho al respeto como persona. De igual forma, los derechos económicos y sociales se aplican a los refugiados al igual que a otros individuos: derecho a asistencia médica, derecho a trabajar para los adultos, y derecho a la escolarización para los niños.
Las personas refugiadas tienen la obligación de acatar las leyes y
reglamentos del país que las ha reconocido como refugiadas, así como las medidas
adoptadas para el mantenimiento del orden público.
Normalmente, un migrante abandona su país voluntariamente, en busca de una
vida mejor. Para un refugiado, las condiciones económicas del país de asilo son
menos importantes que su seguridad. En la práctica, la distinción puede ser, en
ocasiones, difícil de establecer, pero es fundamental: un migrante disfruta de
la protección del gobierno de su país de origen, el refugiado no. El
solicitante de asilo o solicitante de la condición de refugiado es aquella
persona que solicita ser reconocida como refugiada y que está a la espera de una
decisión sobre su solicitud.
Una persona apátrida es aquella que no es considerada como nacional suyo
por ningún Estado, conforme su legislación. En efecto, muchos millones de
personas en el mundo están atrapadas en este limbo legal, enfrentando serias
dificultades para tener acceso a derechos básicos como salud y educación, entre
otros.
Aproximadamente, más del 85% de los refugiados viven en áreas urbanas,
como el Distrito de Panamá, San Miguelito, Arraiján y Chorrera. Que interesante
es saber que un compañero de escuela de nuestros hijos o familiares puede ser un
refugiado o solicitante de la condición de refugiado (aproximadamente 35% de
solicitantes y refugiados tienen entre 0-17 años). Asimismo, las mujeres
refugiadas representan el 45% del total de la población refugiada en Panamá.
Recuerden que las personas refugiadas pueden incluso ser nuestros vecinos, si
vivimos en zona urbana.
Las personas refugiadas reconocidas por el Estado panameño, tienen derecho
a un permiso de trabajo, el cual se debe renovar cada año. Además, a los 3 años
o más de haber sido reconocidos como refugiados por las autoridades panameñas
pueden aplicar a la residencia permanente. Las personas refugiadas que
solicitaron y obtuvieron la residencia permanente pueden solicitar un permiso de
trabajo
indefinido.
Por su parte, Ana Lorena Alfaro, directora nacional del Servicio Jesuita a Refugiados (SRJ) llama la atención sobre el impacto negativo de la interpretación restrictiva de la definición de refugiado que se está adoptando en muchos países de la región y cuyo efecto es la exclusión de muchas personas de la posibilidad de ver reconocida su situación y de acceder al disfrute de sus derechos. Como consecuencia, esas personas quedan en
una situación de indocumentación que constituye una nueva vulnerabilidad y
las expone a la posibilidad de detención por falta de documentación y a la
deportación por presencia irregular, precisamente al país del cual quisieron
alejarse.
Detectamos además una visión regresiva basada en un enfoque de seguridad
nacional que presenta obstáculos para el acceso efectivo a la protección o lo
impide, mediante plazos y requisitos no apropiados para el tratamiento de
personas que solicitan el estatuto de refugio.
Constatamos que persisten vacíos de protección. En particular los países de
la Región Andina y Panamá no han logrado armonizar las normas, los
procedimientos y las políticas de atención a las personas solicitantes y
refugiadas conforme a las aspiraciones señaladas en el Plan de Acción de México
del año 2004. Algunos procedimientos presentan aspectos problemáticos y/o
ambiguos que atentan o dificultan el acceso efectivo, el debido proceso y el
ejercicio del derecho a la defensa, conforme a los estándares internacionales
aceptados de Derecho Internacional de Refugio y de Derechos Humanos.
